En respuesta a la creciente amenaza de incendios forestales, el gobernador Alejandro Armenta y la Fiscalía General del Estado (FGE), anunciaron una estrategia coordinada para perseguir y sancionar con todo el rigor de la ley a quienes provoquen incendios de manera intencional o por negligencia. La medida surge tras revelarse que, entre el 14 de diciembre de 2024 y el 14 de marzo de 2025, el 37% de los siniestros fueron causados deliberadamente, según datos del Centro Estatal de Manejo del Fuego (CEMF).
Acción inmediata contra el ecocidio
El mandatario estatal subrayó que no se permitirá la impunidad en casos que atenten contra el medio ambiente: “Tienen intereses ajenos a Puebla y debo decirles que vamos a actuar ya en contra de quienes están provocando los incendios. Afortunadamente no ha habido incendios que duren más de 24 horas o dos días; a veces en el mismo día se apagan”, afirmó Armenta, quien destacó la pronta respuesta de la Guardia Forestal y la Policía Forestal para sofocar las llamas.
La colaboración interinstitucional incluirá el uso de tecnología de punta para identificar puntos de calor, rastrear responsables y agilizar las investigaciones. Hasta ahora, esta herramienta ha permitido liquidar 66 incendios en 29 municipios, evitando que se extendieran a zonas críticas.
Cifras alarmantes: intencionalidad y agropecuaria, principales causas
De acuerdo con el CEMF, el 44% de los incendios registrados en el mismo periodo se originaron por actividades agropecuarias irregulares, como quemas no controladas para preparar terrenos de cultivo o pastoreo. No obstante, el dato más preocupante es la intencionalidad detrás de más de un tercio de los casos, lo que sugiere la existencia de intereses económicos o actos delictivos organizados.
Los siniestros han afectado 468 hectáreas en total, con focos rojos en municipios como Tlachichuca (120 ha), Cohetzala (80 ha) y Chiconcuautla (40 ha), regiones ricas en biodiversidad y recursos forestales. El gobernador advirtió que estas áreas son prioridad para la restauración ecológica y que se vigilarán para evitar nuevos daños.
Estrategia AEO: Atención, Exigencia y Oferta de justicia
Bajo el enfoque Atención, Exigencia y Oferta de resultados (AEO), el gobierno delineó tres ejes de acción:
- Atención inmediata: Refuerzo de brigadas con equipos especializados y sistemas de monitoreo satelital.
- Exigencia de responsabilidades: La FGE iniciará carpetas de investigación para judicializar a los responsables, aplicando sanciones por delitos ambientales y ecocidio.
- Oferta de prevención: Campañas de concientización en zonas rurales y negociación con sectores agropecuarios para adoptar prácticas sostenibles.
Armenta recalcó que no habrá tolerancia para quienes busquen dañar el patrimonio natural: “No somos un gobierno que se cruza de brazos. Hay voluntad plena y no hay dilación en actuar”.
Tecnología y comunidad, claves para el control
Además de las fuerzas de seguridad, el CEMF ha implementado drones y software de geolocalización para mapear zonas de riesgo y coordinar a los combatientes. Estas herramientas han sido fundamentales para reducir el tiempo de respuesta: el 90% de los incendios se controlan antes de 12 horas, limitando la pérdida de flora y fauna.
Por otro lado, se impulsará la participación ciudadana mediante una línea de denuncia anónima, incentivando a la población a reportar fogatas ilegales o movimientos sospechosos en áreas protegidas.
Ecocidio: un delito con consecuencias graves
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La Fiscalía General recordó que, de acuerdo con la legislación estatal y federal, provocar incendios forestales puede derivar en penas de hasta 20 años de prisión y multas millonarias, especialmente si se comprueba daño a especies en peligro o a cuencas hídricas. Asimismo, se revisarán permisos de quemas agropecuarias y se suspenderán aquellos otorgados a personas o empresas con antecedentes de negligencia.
Un llamado a la corresponsabilidad
El gobierno insistió en que la protección ambiental es una tarea compartida. Mientras las autoridades combaten la impunidad, se exhorta a la población a evitar prácticas de riesgo, como arrojar colillas de cigarro o vidrios en carreteras, y a sumarse a programas de reforestación.
Con esta estrategia, Puebla busca no solo castigar a los culpables, sino sentar un precedente nacional en la defensa legal de sus ecosistemas. Los próximos meses serán clave para evaluar el impacto de estas medidas en la reducción de incendios y la preservación de sus bosques.
Datos clave:
- 66 incendios combatidos en 3 meses.
- 37% de casos son intencionales.
- 468 hectáreas afectadas.
- Tlachichuca, municipio más impactado.
- 20 años de prisión, máxima pena por ecocidio.
Con información del Centro Estatal de Manejo del Fuego y la Fiscalía General de Puebla.
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