La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Héctor Landa, exservidor público de alto nivel, por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito.
La detención fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en el estado de Veracruz, tras acreditarse un incremento patrimonial injustificado durante el periodo en que el imputado laboró para el Gobierno Federal.
Rastro patrimonial en el SAT
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el caso se sustentó en un minucioso análisis financiero y patrimonial desarrollado por el personal de la AIC, el cual contó con el acompañamiento y cruce de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Los hallazgos principales de la investigación señalan que:
- Héctor Landa ocupó un cargo público dentro del propio SAT entre los años 2011 y 2018.
- Durante esos años, el exfuncionario presuntamente incrementó sus bienes y cuentas bancarias de forma desproporcionada en comparación con sus ingresos legales declarados.
- Se detectó que probablemente recibió un bien inmueble de lujo como pago por un supuesto contrato de prestación de servicios; sin embargo, las autoridades confirmaron que dichas actividades jamás fueron realizadas.
Con base en estos datos de prueba, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), solicitó y obtuvo la orden de aprehensión de un juez federal.
Operativo de captura en Xalapa, Veracruz
Para concretar el arresto, agentes desplegaron avanzadas técnicas de investigación de campo, que incluyeron vigilancias fijas y móviles en distintos días y horarios para evitar alertas de fuga.
Una vez confirmada la ubicación del sospechoso, las fuerzas federales —con el apoyo de autoridades del Gabinete de Seguridad— desplegaron un operativo controlado en un domicilio de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Xalapa, Veracruz.
Héctor N. fue asegurado sin que se realizaran disparos y de forma inmediata fue trasladado para ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien determinará su situación jurídica e inicio de proceso penal en las próximas horas.
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