Josué Avalos
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria definitiva en contra de un exdocente de educación básica, tras acreditar plenamente su responsabilidad penal en el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de dos de sus alumnas. La autoridad judicial dictó una pena de siete años de prisión contra el imputado, resolución que ya ha quedado firme.
La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia condenatoria de 7 años de prisión contra Ulises N., al acreditarse su responsabilidad en los delitos de corrupción de menores y abuso sexual cometidos en agravio de dos víctimas menores de edad. La resolución quedó firme.… pic.twitter.com/5VjcyR8Ews
— FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 1, 2026
El sentenciado fue identificado por las autoridades ministeriales como Ulises N., quien se desempeñaba como profesor de inglés en una institución educativa de la capital poblana. De acuerdo con el expediente del caso penal y los datos contenidos en el comunicado oficial de la FGE, las agresiones ocurrieron en reiteradas ocasiones durante el ciclo escolar 2016-2017. El agresor se valía de las siguientes dinámicas de manipulación; Aprovechando su posición de autoridad frente a las menores dentro del plantel, buscaba pretextos para quedarse a solas con ellas al término de las sesiones en el aula de clases. Con base en las indagatorias, bajo engaños trasladaba a las alumnas a un área de bodega o clóset del inmueble escolar, sitio donde consumaba los actos de índole sexual.
Una vez que las menores decidieron romper el silencio y narrar lo sucedido a sus tutores, se dio inicio a la denuncia formal que derivó en la captura de Ulises N., durante el proceso penal, el agente del Ministerio Público robusteció la carpeta de investigación con pruebas científicas, dictámenes psicológicos y testimoniales contundentes, logrando que el Tribunal dictara el fallo condenatorio sin derecho a apelación.
El sentenciado deberá compurgar los siete años de prisión en el centro de reinserción social correspondiente de la capital. Como parte de la sanción, el juez le impuso un pago equivalente a 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA). El fallo judicial contempla de manera obligatoria el concepto de la reparación integral del daño moral y psicológico para las víctimas, así como la inhabilitación para ejercer cualquier cargo dentro del sector educativo.
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