La reforma al Poder Judicial en México, que propone la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular se estima costará aproximadamente 13 mil millones de pesos, es decir, 46% más que las elecciones que tuvimos en este 2024, lo cual representa una inversión significativa en recursos para cubrir aspectos como logística, organización y capacitación.
Para los comicios del pasado 2 de junio en los que se eligieron 629 puestos, el Instituto Nacional Electoral (INE) destinó un monto de 8 mil 802 millones de pesos.
INE prevé propuesta de presupuesto multimillonaria por elecciones de jueces, magistrados y ministros
Al parecer, las elecciones 2025 serán las más caras de la historia debido a que se someterá a voto popular los cargos de jueces, magistrados.
La Comisión de Presupuesto del INE adelantó que para cumplir con los comicios del siguiente año, aprobará una propuesta de presupuesto que asciende a los 27 mil 270 millones 913 mil pesos.
Resaltó que en él se contemplan gastos ordinarios, una posible consulta popular y las partidas para todos los partidos políticos.
Se dice que el propósito de la reforma es democratizar la elección de las autoridades judiciales, permitiendo que el pueblo participe directamente en su selección.
Los críticos señalan que, además del alto costo económico, la medida podría politizar el sistema judicial, afectando la imparcialidad de quienes deben velar por la justicia.
Asimismo, se teme que la influencia de campañas y promesas electorales impacte la independencia del Poder Judicial.
Otros, por su parte, consideran que esta reforma es necesaria para aumentar la transparencia y la confianza en las instituciones judiciales, argumentando que la participación ciudadana en estos procesos fortalecerá la democracia.
Aunque la discusión sobre los pros y contras continúa, lo cierto es que la implementación de esta reforma representaría un reto financiero y estructural para el país, pues organizar elecciones a este nivel requiere un despliegue logístico similar al de las elecciones presidenciales.
Además, aún queda pendiente el debate sobre las modificaciones legales necesarias para garantizar la efectividad y justicia de este nuevo sistema electoral para el Poder Judicial.
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