Josué Avalos
Un clima de tensión y presunto abuso de autoridad fracturó la paz laboral dentro de la Escuela Secundaria “Aarón Merino Fernández”, ubicada en la junta auxiliar de San Lucas El Grande, perteneciente al municipio de San Salvador El Verde. Un grupo de profesores de amplia trayectoria alzó la voz de manera pública para denunciar que son víctimas de una campaña sistemática de humillaciones, malos tratos y hostigamiento laboral por parte del director de la institución.
De acuerdo con el testimonio de los docentes afectados, las problemáticas y el ambiente hostil comenzaron a gestarse de manera recurrente desde hace tres años, coincidiendo exactamente con la llegada del actual directivo a la administración del plantel escolar.
La situación escaló a niveles críticos luego de que algunos profesores fueran suspendidos de sus labores frente a grupo de forma intempestiva y arbitraria, sin recibir un argumento legal o acta administrativa que justificara la sanción. Los denunciantes, quienes respaldan su postura con una antigüedad y hoja de servicio impecable de entre 15 y 18 años de labor en la secundaria, afirmaron que han llegado al límite de su tolerancia frente a los constantes agravios a su dignidad profesional.
La opacidad del caso mantiene con temor a una parte de la plantilla docente. Los profesores inconformes revelaron que hay más compañeros que enfrentan condiciones idénticas de maltrato; sin embargo, han preferido guardar silencio y no sumarse formalmente a las protestas por un fundado temor a sufrir represalias laborales o la pérdida de sus plazas.
El grupo que decidió dar la cara ante la opinión pública denunció que el propio director los ha amedrentado verbalmente, presumiendo de manera abierta contar con “padrinos políticos”, influencias y un sólido respaldo dentro de las esferas de las dependencias oficiales. A decir de las víctimas, este presunto compadrazgo ha sido el freno principal para que sus denuncias procedan, pues a pesar de haber enviado múltiples oficios formales y pruebas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado, a las secciones sindicales del magisterio y a la propia Fiscalía General del Estado (FGE), las carpetas y expedientes permanecen congelados y sin ninguna respuesta favorable.
Ante el evidente bloqueo burocrático y la falta de soluciones por parte de las autoridades escolares de la región, los profesores hicieron un llamado enérgico y directo al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, para que tome cartas en el asunto, ordene una auditoría interna al plantel y garantice el cese de los abusos.
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