El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general el proyecto de reforma constitucional que posterga la elección de jueces, magistrados y ministros de 2027 a junio de 2028. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, busca evitar que el proceso judicial coincida con los comicios ordinarios federales y locales de ese año.
Con una votación de 341 votos a favor (Morena, PVEM y PT) y 124 en contra (PAN, PRI, MC y una diputada del PT), el dictamen avanzó tras ser aprobado previamente en la Comisión de Puntos Constitucionales durante un periodo extraordinario de sesiones. La Mesa Directiva, presidida por la diputada Kenia López Rabadán, declaró un receso para continuar este miércoles con la discusión de 297 reservas en lo particular.
Argumentos y ajustes técnicos de la propuesta
La fundamentación del dictamen estuvo a cargo de la diputada Mariana Benítez Tiburcio (Morena), quien señaló que la modificación a siete artículos de la Constitución responde a una necesidad de revisión institucional basada en la experiencia práctica.
De acuerdo con el bloque de la mayoría, fijar la jornada electoral para el 4 de junio de 2028 otorgará a las autoridades electorales un margen más amplio para:
- Perfeccionar los mecanismos técnicos y la organización territorial.
- Homologar los criterios de evaluación de los comités de aspirantes.
- Reducir el número de candidatos para simplificar el diseño de las boletas.
- Permitir la concurrencia de la consulta de revocación de mandato para optimizar los recursos públicos.
Las legisladoras del PT, Marycarmen Bernal y Lilia Aguilar Gil, respaldaron la postura al señalar que toda normatividad es perfectible y que las modificaciones corrigen deficiencias identificadas en los procesos previos de organización del Poder Judicial.
Postura de la oposición: Críticas por coincidencia electoral y antinomias
Por su parte, los grupos parlamentarios de oposición criticaron el dictamen argumentando que la prórroga evidencia fallas estructurales en la reforma original del Poder Judicial. La diputada Laura Cristina Márquez (PAN) calificó la medida como un esquema de “ensayo y error” que politiza la neutralidad del sector judicial y advirtió que el problema de la concurrencia con elecciones ordinarias persistirá en los años 2030 y 2033.
En el mismo sentido, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, presentó una moción suspensiva —que fue rechazada— en la que alertó que la modificación al artículo 35 constitucional abriría la puerta para empalmar la consulta de revocación de mandato con los comicios de 2028, año en el que se renovarán seis gubernaturas.
Asimismo, Moreira señaló que la reforma no resuelve la contradicción normativa vigente entre el artículo 94 (que prevé la renovación de la presidencia de la Suprema Corte cada dos años por vía de las urnas) y el artículo 97 (que mantiene el periodo de cuatro años mediante votación interna del tribunal).
Próximos debates en la agenda legislativa
Al reanudarse la sesión este miércoles, además de desahogar las reservas del dictamen judicial, se tiene previsto someter a votación dos reformas adicionales:
- La adición de la intervención extranjera probada como causal de nulidad de elecciones (artículo 41 constitucional y leyes secundarias).
- La creación de una comisión de verificación de candidaturas para impedir el registro de aspirantes vinculados a grupos delictivos.
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