La exalcaldesa del municipio de Solidaridad (hoy Playa del Carmen), Quintana Roo, Roxana Lili Campos Miranda, fue detenida en la Ciudad de México durante la noche del jueves 19 de noviembre, tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en perjuicio del erario municipal.
De acuerdo con los datos asentados en el Registro Nacional de Detenciones (RND), el aseguramiento de la exfuncionaria se llevó a cabo en la alcaldía Venustiano Carranza. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que la captura se concretó en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.
Contratos fantasma por más de 62 millones de pesos
Según las investigaciones ministeriales, el ilícito imputado a Roxana Lili “N” generó un perjuicio económico al erario público superior a los 62 millones de pesos, derivado del incumplimiento de servicios pactados en contratos públicos para el lavado especializado de vehículos adscritos a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Las indagatorias de la Fiscalía estatal revelaron una serie de irregularidades graves cometidas entre los años 2022 y 2024, durante su gestión al frente del ayuntamiento:
- Licitaciones indebidas: Se otorgaron de manera irregular tres licitaciones públicas a un mismo particular para prestar el servicio de lavado especializado.
- Cifras inverosímiles de operación: Aunque la Secretaría de Servicios Públicos Municipales contaba con un parque vehicular de 123 unidades, los reportes justificaban hasta 865 lavados en un solo mes sin días de descanso, a pesar de que la empresa contratada únicamente disponía de 15 empleados.
- Pagos sin comprobación fiscal: El proveedor carecía de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes a los primeros contratos y, aun así, el gobierno municipal continuó realizando pagos no comprobables que superaron los 62 millones de pesos.
- Omisión de supervisión: Los servidores públicos involucrados omitieron cumplir con sus facultades de revisión y seguimiento, al no verificar la ejecución real de los trabajos ni cerciorarse de la existencia de la documentación soporte exigida por la ley.
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