Mario Marín Torres, quien fuera gobernador del estado de Puebla, y la periodista Lydia Cacho son los protagonistas de un caso que ha marcado la historia reciente de México. La detención de Marín en febrero de 2021 en Acapulco representó un momento crucial en la larga búsqueda de justicia por la tortura que la periodista sufrió.
La detención de Mario Marín
La detención de Mario Marín tuvo lugar el miércoles 3 de febrero de 2021. Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo la aprehensión en la ciudad de Acapulco, ubicada en el estado de Guerrero. Marín llevaba dos años prófugo de la justicia, evadiendo una orden de aprehensión emitida en 2019 por un juez en Quintana Roo. Esta orden se fundamentaba en su presunta responsabilidad en el secuestro y la tortura de la periodista Lydia Cacho.
El hecho de que la orden de arresto se hubiera emitido dos años antes de su captura sugiere que Marín pudo haber estado utilizando sus influencias o recursos para evitar ser aprehendido. Esta situación plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de justicia para perseguir a exfuncionarios de alto rango acusados de delitos graves. La orden judicial se originó en Quintana Roo, la jurisdicción donde Lydia Cacho fue detenida ilegalmente en un inicio, lo que subraya la conexión entre los diversos eventos que componen este caso.
La operación de arresto se realizó mediante un cateo en una residencia privada situada en un barrio popular de Acapulco, la cual se cree que pertenecía a su hermana, Alicia Marín. La elección de un vecindario de clase media como escondite, en contraste con las expectativas de que un exgobernador se ocultara en una zona de mayor lujo, podría indicar un intento por parte de Marín de pasar desapercibido y evitar la atención pública. Para llevar a cabo el operativo, se utilizaron siete vehículos con personal de la fiscalía, quienes trasladaron a Marín a la delegación de la FGR en Acapulco. Posteriormente, fue llevado al aeropuerto para ser trasladado a Quintana Roo, específicamente a Cancún, donde era requerido por las autoridades judiciales.
La noticia de la detención generó una reacción inmediata por parte de Lydia Cacho, quien a través de sus redes sociales manifestó su alivio y reafirmó su determinación de seguir buscando justicia contra todos los implicados en la red que la dañó. La pronta notificación a Cacho por parte de la FGR evidencia una coordinación y un reconocimiento de su papel como víctima en este prolongado caso.
La organización de derechos humanos Artículo 19 también se pronunció al respecto, celebrando la detención como un avance significativo, pero insistiendo en que la justicia no se completará hasta que todos los autores intelectuales sean llevados ante la ley y se garantice una reparación integral para Cacho y su familia.
Esta declaración subraya la creencia de que Marín no actuó solo y que otros individuos, como Kamel Nacif, también deben rendir cuentas. Finalmente, se negó la solicitud de Marín de cumplir la prisión preventiva en su domicilio bajo el argumento de la pandemia de COVID-19, y fue ingresado en un centro penitenciario en Cancún para enfrentar los cargos en su contra. La decisión de no otorgarle arresto domiciliario refleja la evaluación judicial de la gravedad de las acusaciones y la necesidad de asegurar su presencia durante el proceso legal inicial.
El caso “Lydiagate” tiene sus raíces en la publicación, en 2004, del libro “Los demonios del Edén” de la periodista Lydia Cacho. En esta investigación, Cacho expuso una red de explotación sexual infantil y pornografía en la ciudad de Cancún, señalando la participación de empresarios prominentes y figuras políticas. Un personaje central en la trama era Jean Succar Kuri, un empresario hotelero de origen libanés con amplias conexiones en la élite política y empresarial.
La investigación también involucró al empresario textil Kamel Nacif, quien fue señalado por su papel en la protección de Succar Kuri. La publicación del libro representó un desafío directo a individuos y redes de poder, lo que convirtió a Cacho en un blanco de represalias.
En diciembre de 2005, la respuesta a la publicación de “Los demonios del Edén” se materializó cuando Lydia Cacho fue detenida ilegalmente en Cancún por policías judiciales del estado de Puebla. La detención se produjo bajo la justificación de una demanda por difamación presentada por Kamel Nacif en Puebla, a pesar de que Cacho residía en Quintana Roo. Durante su traslado a Puebla y mientras estuvo bajo custodia, Cacho denunció haber sido víctima de tortura y malos tratos, incluyendo abuso psicológico, amenazas y violencia física.
La naturaleza extra-territorial de la detención y la participación de policías de otro estado sugieren una acción coordinada y un abuso de las fronteras jurisdiccionales con el objetivo de castigar a Cacho. Esto evidencia que los actores involucrados estaban dispuestos a transgredir los procedimientos legales ordinarios para asegurar la detención y el sufrimiento de la periodista.
Un momento clave en el caso ocurrió en febrero de 2006, cuando se hicieron públicas grabaciones de conversaciones telefónicas entre el entonces gobernador Mario Marín y Kamel Nacif. En estas conversaciones, Nacif agradecía a Marín el “favor” realizado, y Marín se jactaba de haberle dado a Cacho un “pinche coscorrón”. Estos intercambios proporcionaron evidencia directa de la participación de Marín en la detención y su intención de dañar a Cacho.
El tono informal e incluso de celebración en la conversación entre Marín y Nacif sobre el maltrato a una periodista revela una preocupante falta de respeto por los derechos humanos y la libertad de prensa por parte de quienes ostentaban el poder. Su lenguaje sugiere que consideraban sus acciones como justificadas y que no temían ser responsabilizados en ese momento.
Tras estas revelaciones, se desató una larga lucha legal y una ola de indignación pública que se extendió por años. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino en el caso, pero sus resoluciones iniciales no condujeron a la inmediata persecución de Marín.
La comunidad internacional también expresó su condena y presionó a las autoridades mexicanas para que se hiciera justicia. Finalmente, en 2019, se emitió una orden de aprehensión contra Marín, marcando un renovado esfuerzo para llevarlo ante la justicia.
El largo lapso entre los hechos iniciales y la detención de Marín pone de manifiesto los obstáculos para superar la impunidad, especialmente cuando están involucradas figuras políticas poderosas. Este retraso podría atribuirse a diversos factores, incluyendo influencias políticas, maniobras legales y dificultades para reunir pruebas suficientes o la voluntad política para actuar.
Cronología del Caso “Lydiagate” (2005-2021)
| Año | Mes | Evento | Fuente Principal |
|---|---|---|---|
| 2004 | Publicación del libro “Los demonios del Edén” por Lydia Cacho. | ||
| 2005 | Diciembre | Detención y tortura de Lydia Cacho en Puebla por orden del gobernador Mario Marín tras denuncia de Kamel Nacif. | |
| 2006 | Febrero | Filtración de conversaciones telefónicas entre Mario Marín y Kamel Nacif, revelando su colusión en la detención de Cacho. | |
| 2007 | Noviembre | La SCJN falla a favor de Mario Marín, concluyendo que no hubo violaciones graves a los derechos de Lydia Cacho que justificaran su intervención. | |
| 2019 | Abril | Se emite orden de aprehensión contra Mario Marín por el delito de tortura contra Lydia Cacho. | |
| 2021 | Febrero | Detención de Mario Marín en Acapulco, Guerrero. |
Jean Succar Kuri fue el líder de la red de explotación sexual infantil que Lydia Cacho expuso en su libro. La investigación de Cacho se centró en él, y finalmente fue condenado por pederastia. Su caso marcó la primera sentencia por tráfico sexual de niños y pornografía infantil en México y América Latina, lo que subraya el impacto significativo de la labor de Cacho más allá del caso específico de Marín. Kamel Nacif, por su parte, era un empresario vinculado a Succar Kuri, quien se sintió directamente implicado por el libro de Cacho, lo que lo motivó a presentar la demanda por difamación en su contra.
Las conversaciones telefónicas filtradas revelaron el deseo de Nacif de “darle una lección” a Cacho por su reportaje, lo que vincula directamente sus acciones con el abuso de poder por parte de Marín. Tanto Nacif como Marín enfrentaron órdenes de aprehensión por su presunta participación en la tortura de Lydia Cacho. La detención de Kamel Nacif en el Líbano en mayo de 2021, tras la de Marín, indica un esfuerzo continuo por parte de las autoridades para llevar ante la justicia a todos los presuntos responsables de la tortura de Lydia Cacho, incluso a aquellos que intentaron evadir la ley huyendo del país. Jean Succar Kuri falleció en junio de 2024 mientras cumplía su condena. Si bien su muerte no resuelve directamente el caso contra Marín, cierra un capítulo en la saga de “Los demonios del Edén” y podría representar un cierto grado de cierre para algunas de las víctimas. .
Tras su detención, se dictó auto de formal prisión contra Mario Marín. Fue trasladado a un centro penitenciario en Cancún para enfrentar los cargos. En febrero de 2021, se le negó la solicitud de arresto domiciliario. El proceso legal continuó su curso, y aunque los detalles precisos de cada audiencia y recurso interpuesto son extensos y algunos enlaces de información no están accesibles , un acontecimiento reciente marca un cambio significativo en su situación legal.
En agosto de 2024, Mario Marín fue liberado de la prisión preventiva y se le concedió arresto domiciliario, con la imposición de medidas cautelares como una garantía económica, la prohibición de salir del país, la prohibición de acercarse a la víctima, vigilancia en su domicilio y el uso de un brazalete electrónico.
Esta decisión, tomada después de más de tres años de prisión, representa un giro importante en el proceso legal, generando preocupación entre Lydia Cacho y organizaciones de derechos humanos sobre la posibilidad de impunidad y los riesgos para la víctima.
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