Thalía Becerra
El despacho jurídico Epigmenio Mendieta & Asociados manifestó su rechazo ante las declaraciones emitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina del 9 de abril.
La firma legal, que representa al contralmirante Fernando Farías Laguna y al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sostuvo que los señalamientos de la mandataria vulneran principios constitucionales fundamentales.
Durante su intervención, la titular del Poder Ejecutivo afirmó que diversas personas “se dedicaban a la venta de combustible ilegal”, incluyendo a los mandos navales mencionados.
Ante esto, la defensa argumentó que tales expresiones constituyen una imputación penal anticipada, la cual es una práctica prohibida tanto por la Constitución como por los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Presunción de inocencia y el impacto de los juicios paralelos
La firma jurídica subrayó que las autoridades tienen la obligación legal de abstenerse de presentar públicamente a cualquier ciudadano como culpable al no existir una sentencia firme ni definitiva.
De acuerdo con el comunicado, las afirmaciones de Sheinbaum violan el artículo 20 constitucional y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que protegen la presunción de inocencia.
El despacho advirtió que este tipo de pronunciamientos generan un juicio paralelo que compromete la imparcialidad de los magistrados. Asimismo, señalaron que se debe proporcionar información descriptiva y no valorativa.
Investigaciones de la FGR y el Estado de Derecho
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó en su conferencia que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene investigaciones abiertas por presunto huachicol fiscal.
Detalló que la denuncia original fue presentada por la Secretaría de Marina (Semar) y que el esquema involucraría tanto a empresarios como a miembros de la propia institución que intentan introducir gasolina de manera ilegal al país.
A pesar de los señalamientos del Poder Ejecutivo, el equipo legal de los almirantes remarcó que estos contemplan una transgresión al Estado de Derecho y a la reputación de sus representados.
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