El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla se sumó al rechazo nacional contra la reforma a la Ley de Amparo aprobada por la Cámara de Diputados, advirtiendo un “grave retroceso” para la seguridad jurídica y el desarrollo económico del estado y del país. La cúpula empresarial poblana alertó que la reforma reduce la estabilidad de las empresas y amenaza con frenar la inversión y la generación de empleo.
CCE Puebla: Reducción de inversión y ataque a la PyME
Las organizaciones empresariales, académicas y sociales de México, incluyendo el CCE Puebla, emitieron un comunicado conjunto expresando su enérgico rechazo. De acuerdo con el sector privado, esta reforma tiene un impacto directo y negativo en la economía:
- Incertidumbre legal: La reforma alejará inversiones y frenará la creación de empleo al generar incertidumbre en los negocios.
- Afectación a PyMEs: El cambio legal debilita el control constitucional y afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas (PyME) al restringir la figura del interés legítimo y limitar la capacidad de obtener suspensión contra actos arbitrarios de autoridad.
Los empresarios afirman que la reforma deja la protección de los derechos ciudadanos y empresariales a la discrecionalidad de los jueces, afectando a los más vulnerables que dependen del amparo para defenderse del abuso de poder.
Inconstitucionalidad y retroceso histórico
Uno de los puntos más criticados es la pretensión de aplicar la ley de manera retroactiva, lo que podría desechar o dejar sin efecto miles de juicios y suspensiones ya concedidas. Esta acción, según el CCE, violenta el principio de irretroactividad previsto en el Artículo 14 de la Constitución, poniendo en riesgo la confianza jurídica.
La reforma es calificada como un “retroceso histórico de más de 150 años” en el constitucionalismo mexicano, pues debilita los contrapesos institucionales. Tal como lo advirtieron especialistas y académicos: “Dejar sin suspensión el juicio de amparo es sepultar el juicio de amparo.”
Exigencia de veto a la presidencia
Ante la gravedad de la reforma, el CCE Puebla, junto con organismos nacionales, emitió una exigencia directa a la titular del Ejecutivo Federal.
“Exigimos respetuosamente a la Presidenta de la República ejercer su facultad constitucional de veto, y evitar que esta reforma sea publicada en los términos actuales,” señala el comunicado.
Finalmente, el sector empresarial invitó a los empresarios de Puebla y de todo México a unirse para crear mecanismos de control constitucional que permitan anular la reforma y preservar el Juicio de Amparo como la garantía suprema de protección de los derechos fundamentales y del orden democrático.
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