Cae en Tehuacán presunto violador tras más de dos décadas prófugo de la justicia

Josué Avalos

En un hecho que combate la impunidad y el rezago en delitos de violencia de género, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla cumplimentaron una orden de aprehensión en el municipio de Tehuacán en contra de Braulio N., de 37 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de violación tumultuaria. El mandamiento judicial se deriva de una agresión sexual perpetrada hace más de dos décadas.

De acuerdo con las indagatorias integradas en el expediente penal, los hechos ocurrieron en el mes de junio del año 2002. En aquella fecha, la víctima fue convencida mediante engaños para abordar una camioneta en la que viajaban el hoy imputado y otro sujeto. Posteriormente, ambos hombres trasladaron a la afectada hacia un camino de terracería ubicado en las inmediaciones de un cerro de la región de Tehuacán, lugar donde presuntamente cometieron la agresión sexual grupal aprovechándose de la vulnerabilidad y el aislamiento de la zona. Tras el seguimiento de la denuncia y el mantenimiento de las carpetas de investigación vigentes por parte de la Coordinación de Investigación Regional, las autoridades ministeriales lograron ubicar el paradero del presunto agresor:

Agentes de la Unidad de Apoyo Policial de la Fiscalía de Investigación Regional desplegaron un operativo de localización en la junta auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, perteneciente al municipio de Tehuacán. En dicho punto se dio cumplimiento al mandamiento judicial, notificando a Braulio N. sus derechos constitucionales para posteriormente ser trasladado e internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la región, quedando a disposición del Juez Penal que lo requería para determinar su situación jurídica.

Con esta captura, la Fiscalía General del Estado de Puebla refrendó su compromiso de mantener acciones de búsqueda y aprehensión permanentes en casos de violencia extrema contra las mujeres, sin importar el tiempo transcurrido desde la comisión del delito, garantizando el derecho al acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas.

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