Ante el alarmante aumento en el uso de los llamados “ponchallantas” en las carreteras y vialidades del estado, el Congreso de Puebla ha puesto sobre la mesa una iniciativa de reforma al Código Penal que busca castigar severamente a quienes utilicen estos artefactos. La propuesta, impulsada por el diputado Andrés Villegas Mendoza, del grupo parlamentario de Morena, contempla penas de prisión de hasta 6 años para quienes cometan este delito, especialmente si el ataque va dirigido contra autoridades.
Una medida ante el incremento de incidentes
La iniciativa para sancionar el uso de “ponchallantas” surge como respuesta a la creciente preocupación por la seguridad vial en Puebla. En los últimos meses, se ha observado un incremento en la utilización de estos dispositivos punzocortantes, que son arrojados deliberadamente en el camino con el fin de dañar o inmovilizar vehículos.
El objetivo principal de quienes emplean estos objetos es obligar a los conductores a detenerse, dejándolos en una situación de vulnerabilidad ante actos delictivos como robos, secuestros o incluso ataques más graves.
El diputado Andrés Villegas Mendoza presentó formalmente esta propuesta durante una sesión ordinaria en el Congreso del Estado el pasado 18 de junio. En su exposición de motivos, el legislador destacó la urgencia de actualizar el marco legal para tipificar y sancionar con mayor rigor este tipo de conductas, que no solo provocan daños materiales, sino que también representan un serio peligro para la integridad física y la vida de los ciudadanos.
Modificaciones al Código Penal del Estado
La reforma planteada por Villegas Mendoza propone modificaciones específicas a dos artículos clave del Código Penal del Estado de Puebla:
- Artículo 179: Se busca que este artículo modifique su contenido para que los “ponchallantas” —descritos como instrumentos prohibidos en forma de espinas, cuchillas, erizos, estrellas, púas, o cualquier objeto adaptado para perforar neumáticos— sean explícitamente considerados como armas o instrumentos prohibidos. Esta tipificación es fundamental para dar un sustento legal sólido a la sanción de su posesión y uso.
- Artículo 288: Este artículo sería modificado para establecer las penas de prisión y multas para quienes utilicen estos artefactos. La propuesta inicial contempla sanciones que van desde tres días hasta cuatro años de prisión, además de una multa de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), para aquellos que empleen los “ponchallantas” para dañar o impedir la circulación de cualquier vehículo.
La diferenciación en las penas busca reflejar la gravedad de la acción y el daño potencial que puede causar, independientemente del objetivo final del delincuente.
Penas más severas contra autoridades
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es el establecimiento de penas más severas cuando el delito de “ponchallantas” se cometa en situaciones que representan un riesgo aún mayor o un ataque directo a la autoridad. Específicamente, la iniciativa de reforma establece que:
- Si la conducta es perpetrada contra miembros de las fuerzas armadas o de seguridad pública (ya sean policías, militares, o cualquier otro cuerpo de seguridad) o contra su equipo motorizado (vehículos patrulla, motocicletas oficiales, etc.), las penas base se incrementarán en dos terceras partes.
Esto significa que, en estos casos agravados, la sanción de prisión podría alcanzar 6 años. Esta medida busca proteger a quienes velan por la seguridad ciudadana y garantizar que no sean blanco de ataques que pongan en riesgo sus vidas o entorpezcan sus operaciones.
El uso de “ponchallantas” contra autoridades es particularmente preocupante, ya que puede inmovilizar vehículos de emergencia o de persecución, facilitando la huida de delincuentes o poniendo en peligro la respuesta ante una situación crítica.
La ruta legislativa: Hacia la aprobación
La iniciativa presentada por el diputado Andrés Villegas Mendoza ha sido formalmente turnada a la Comisión para la Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de Puebla. Este es el primer paso en el proceso legislativo, donde los diputados de la comisión analizarán la propuesta, recabarán opiniones y, en su caso, realizarán ajustes antes de emitir un dictamen.
Una vez que la comisión apruebe el dictamen, este será sometido a votación en el Pleno del Congreso. De ser aprobado por la mayoría de los legisladores, la reforma al Código Penal del Estado de Puebla se convertirá en ley, otorgando a las autoridades herramientas legales más robustas para combatir el uso de los “ponchallantas” y perseguir a quienes pongan en riesgo la seguridad de los automovilistas y las fuerzas del orden en la entidad.
Esta propuesta es un paso importante para fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad vial y combatir una práctica delictiva que ha generado zozobra entre los conductores poblanos. La expectativa es que la iniciativa avance rápidamente en el proceso legislativo para dotar a las autoridades de las herramientas necesarias para enfrentar esta problemática.
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