@ lvelezi
En días recientes tuvimos dos nuevos casos de lo que claramente es una estrategia del presidente López Obrador para debilitar a instituciones, organizaciones o personas que le incomodan por el trabajo que realizan o porque hacen críticas al gobierno que encabeza. La estrategia de difamar desde la “Mañanera” se refuerza con actividades de la red de bots y trolls #AMlove que se usa para atacar en las redes sociodigitales a quienes se consideran opositores al gobierno y también para generar “conversaciones a favor” del mandatario.
En esta ocasión se trató de ataques inaceptables al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la organización civil Artículo 19 que defiende la libertad de expresión y apoya a periodistas y medios. Estos ataques infundados fueron rechazados por cientos de organizaciones y ciudadanos que públicamente manifestamos nuestro apoyo a ambos.
En el primer caso, los ataques al órgano electoral encabezados por López Obrador y apoyados por Mario Delgado y otros miembros de MORENA fueron causados por dos resoluciones del Instituto que los han enfurecido. La primera tiene que ver con el reparto de diputados plurinominales y buscar evitar la sobrerrepresentación en el Cámara de Diputados, tal y como lo establece la Constitución; la segunda decisión fue la negativa para registrar, como lo marca la legislación, a 62 candidatos por no reportar sus gastos de precampaña, entre ellos Félix Salgado Macedonio.
Las decisiones del Instituto encolerizaron a López Obrador quien calificó como “extraño que el INE haya retirado la candidatura a Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, así como a otros abanderados de Morena”. Y sostuvo que el órgano electoral “está convertido en supremo poder conservador. Ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así. A lo mejor ya cambiaron las leyes. O antes no se aplicaban y ahora sí se aplican”.
En respuesta, cerca de 3 mil personas y organizaciones publicaron un posicionamiento en el que exigen respeto a la autonomía del INE al que califican como “patrimonio de la democracia mexicana”.
Y lo es, los mexicanos siempre cortos de memoria, olvidamos fácilmente lo que nos ha costado tener un órgano electoral autónomo que sea capaz de organizar comicios creíbles y confiables; ¿Ya se nos olvidó lo que implicaba tener organismos electorales controlados por el gobierno en el que los votos ni contaban ni se contaban? ¿Ya no recordamos episodios como la “caída del sistema”, las “concertaciones” o los “fraudes patrióticos”? ¿De verdad queremos volver a esas épocas?
En este contexto, José Woldenberg expresidente del entonces Instituto Federal Electoral, manifestó su preocupación por el lenguaje y la oratoria presidencial y la del dirigente de MORENA, Mario Delgado, quienes -dijo- “están socavando uno de los pilares de la germinal democracia mexicana”. Coincido totalmente con él y me niego a que desandemos el camino recorrido en esta materia y volvamos a los viejos tiempos del control gubernamental de los órganos electorales que el presidente parece añorar tanto.
En el caso de Artículo 19, la molestia presidencial se produjo porque el Departamento de Estado de Estados Unidos retomó un estudio que junto con el Signa Lab del ITESO demuestra que desde Notimex su directora, Sanjuana Martínez, orquestó ataques en redes sociales en contra de críticos, lo que es gravísimo, está probado y no ha sido investigado por el gobierno federal a pesar de que existen denuncias presentadas en la Función Pública. Como reacción, López Obrador acusó a la organización internacional de estar financiada por “empresas y agencias internacionales” y busca atacar a su gobierno.
La labor de Artículo 19 ha sido fundamental en un país que se ha convertido en el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. La organización ha apoyado a decenas de periodistas y medios amenazados, atacados o demandados; uno de los casos emblemáticos que ha litigado es el de Lydia Cacho, que hoy tiene a Mario Marín en la cárcel, pero no es el único, muchos otros comunicadores han podido sobrevivir o enfrentar las amenazas gracias al trabajo de Artículo 19 que, vale la pena enfatizar, no cobra por sus servicios sino que se financia con recursos de fundaciones y donantes, mismos que son públicos y se pueden consultar en su sitio web.
Aunado a lo anterior, el trabajo de Artículo 19 y Fundar, otra organización civil, fue fundamental para conocer el escandaloso gasto en publicidad oficial durante el gobierno de Peña Nieto o para denunciar los bloqueos a la transparencia y los ataques a la libertad de expresión en el sexenio de Rafael Moreno Valle, por citar sólo algunos ejemplos.
Estos dos episodios recientes son síntomas de un deterioro de la vida democrática; de la intolerancia de quienes hoy detentan el poder y de los riesgos que enfrentamos todos, por lo que no podemos permanecer impávidos frente al socavamiento de lo que nos ha llevado años, luchas y sangre construir. Nuestra democracia es imperfecta y debemos profundizarla particularmente con la construcción de Estado de derecho, pero no podemos ni debemos retornar. Los ciudadanos tenemos la última palabra.