El gobernador Alejandro Armenta dio el primer paso formal para instaurar el mando único de seguridad en Puebla, al enviar al Congreso del Estado un paquete de reformas constitucionales y legales que centralizarían la operación policial en los 217 municipios. La propuesta busca “garantizar la seguridad pública” en toda la entidad mediante un esquema unificado de coordinación, profesionalización y estrategia operativa.
Reformas para crear el mando único en Puebla
El Ejecutivo estatal remitió este 27 de noviembre tres iniciativas que, en conjunto, modificarían la estructura de seguridad pública en Puebla. De acuerdo con una ficha técnica difundida por el propio gobierno, el eje principal es la reforma al artículo 117 de la Constitución Política del Estado, donde se plantea formalmente el nuevo modelo policial.
La iniciativa propone un mando único policial, bajo el cual las corporaciones municipales operarán coordinadas desde el Gobierno del Estado. El documento señala que este modelo permitirá fortalecer la eficacia operativa, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y garantizar el respeto a los derechos humanos.
El proyecto será analizado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, encargada de dictaminar modificaciones a la Carta Magna local.
“Coordinación institucional y profesionalización”: Ejes de la propuesta
El gobierno estatal detalló que el nuevo modelo de seguridad estaría sustentado en cinco pilares:
- Coordinación institucional entre municipios y estado.
- Mando único policial con jerarquía operativa centralizada.
- Profesionalización de corporaciones municipales.
- Prevención integral del delito.
- Participación ciudadana en los mecanismos comunitarios de seguridad.
Según el Ejecutivo, el objetivo es consolidar un sistema uniforme que permita atender delitos de alto impacto, optimizar recursos, evitar duplicidad de funciones y cerrar espacios a la corrupción.
Nueva Ley de Seguridad Pública para Puebla
Además del cambio constitucional, Alejandro Armenta envió una segunda iniciativa: la expedición de una nueva Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Esta norma deberá armonizarse con:
- La Ley General de Seguridad Pública.
- La Estrategia Nacional de Seguridad 2024–2030.
Entre los puntos clave se incluyen:
- Creación de protocolos estandarizados.
- Procesos obligatorios de certificación y capacitación para policías.
- Modelos de evaluación del desempeño.
- Coordinación obligatoria con la Guardia Nacional y el Ejército.
Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Seguridad, presidida por el diputado Andrés Villegas Mendoza.
Nuevas fiscalías especializadas: Tercer eje de la reforma
La tercera iniciativa presentada por el mandatario poblano busca reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear dos nuevas áreas:
- Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto.
- Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados.
Con ello, el gobierno de Armenta pretende robustecer la capacidad investigadora y combatir de manera más eficaz delitos como:
- Secuestro
- Extorsión
- Narcomenudeo
- Lavado de dinero
- Financiamiento ilegal
Contexto: Seguridad como prioridad del nuevo gobierno
Durante su campaña y los primeros meses de su administración, Alejandro Armenta ha insistido en que la inseguridad es el principal desafío de Puebla. La intención de instaurar un mando único se planteó desde entonces como una medida estratégica para reducir la fragmentación operativa entre policías municipales, estatales y federales.
Sin embargo, esta propuesta ha generado debate entre especialistas, ayuntamientos y legisladores, ya que implicaría reconfigurar facultades históricas de los municipios en materia de seguridad pública.
Los siguientes pasos
Ahora, las tres iniciativas deberán ser analizadas, discutidas y votadas por las comisiones correspondientes previo a subir al pleno del Congreso. Algunos municipios han anticipado que solicitarán mesas de diálogo, mientras que académicos y organizaciones civiles piden transparencia sobre el funcionamiento operativo del mando único.
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