El caso de September Vélez volvió a generar atención pública después de que su expareja, Armando S, ex médico del Hospital Ángeles de Puebla, fuera vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, en una audiencia realizada en la Casa de Justicia de la capital poblana.
La resolución judicial se suma a una serie de procesos legales que enfrenta el señalado, quien ya se encuentra bajo medida cautelar de prisión preventiva justificada por este mismo delito.
Armando S, vinculado a proceso por violencia familiar
De acuerdo con la resolución emitida durante la audiencia, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso legal en contra de Armando S, señalado como responsable de ejercer violencia familiar en contra de su expareja sentimental, September Vélez.
Cabe recordar que la semana pasada se dictó prisión preventiva justificada contra el ex médico, medida que se mantiene vigente. Con la vinculación a proceso, la Fiscalía de Puebla podrá avanzar en la investigación formal y sustentar las pruebas que lo responsabilizan por los hechos de violencia.
Además, el imputado enfrenta otra causa penal pendiente por violencia hacia sus propios hijos, lo que agrava su situación legal.
Denuncia de intimidación contra familiares del médico
Minutos antes de la audiencia, September Vélez denunció haber sido intimidada por familiares de Armando S al llegar a Casa de Justicia. A través de redes sociales, señaló directamente a Abigail Flores y Guadalupe Solórzano como las personas responsables de hostigarla.
La víctima relató que fue recibida con gritos y actitudes de intimidación, en un intento de minimizar su testimonio y presentar al acusado como si fuera la víctima.
“Hoy llegué a la audiencia donde mi agresor enfrenta un proceso por feminicidio en grado de tentativa. Afuera me esperaban familiares suyos, listos para intimidarme, gritarme y pintar a un agresor como si fuera la víctima”, escribió September en sus redes.
Asimismo, cuestionó la ausencia de estas personas durante los años en que sufrió agresiones, así como en los episodios de violencia vicaria relacionados con la sustracción de sus hijos.
Una historia marcada por la violencia
El caso de September Vélez ha generado gran indignación social en Puebla y otras entidades del país. Desde mayo de este año, cuando denunció públicamente haber sido víctima de violencia física, verbal y psicológica por parte de su expareja, el caso tomó relevancia mediática y obligó a que autoridades estatales y colectivos feministas acompañaran el proceso.
La denunciante también acusó un intento de feminicidio, así como la sustracción de sus hijos, lo que incrementó la presión social para que el caso fuera atendido con perspectiva de género.
Pese a las pruebas presentadas, en junio pasado una jueza otorgó la custodia provisional de los menores al médico, lo que desató críticas y reclamos de colectivos feministas y familiares de la víctima. No obstante, tras nuevas audiencias, en julio fue vinculado a proceso por sustracción de menores y, finalmente, puesto bajo prisión preventiva por violencia familiar.
Confianza en la justicia
En su mensaje, September Vélez reiteró su confianza en el Poder Judicial y las autoridades, manifestando que seguirá firme en su lucha por justicia y por el derecho a vivir en paz con sus hijos.
“Hoy pretenden voltear la historia, como si el que intentó asesinarme fuera un hombre inocente. Pero existen pruebas documentadas de los hechos y confío en que la verdad se mantendrá firme”, señaló.
Colectivos feministas en Puebla han respaldado a la víctima y exigido que el proceso judicial se lleve con perspectiva de género, además de garantizar su seguridad frente a posibles represalias.
Un caso emblemático en Puebla
La vinculación a proceso de Armando S, ex médico del Hospital Ángeles, es considerada un paso importante en la búsqueda de justicia para September Vélez. El caso refleja los retos que aún enfrenta el sistema judicial en México para atender los delitos de violencia familiar y violencia vicaria, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas.
Con la determinación judicial, el proceso continúa abierto y se espera que en las siguientes semanas se presenten más pruebas y testimonios que permitan avanzar hacia una sentencia.
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