El Gobierno del Estado de Puebla prepara una iniciativa de reforma legal a la normativa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (ISSSTEP), la cual permitirá movilizar una bolsa de mil millones de pesos para la construcción de unidades habitacionales y el otorgamiento directo de créditos de vivienda a más de 70 mil trabajadores estatales.
El anuncio fue realizado durante la rueda de prensa encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier en el hangar del gobierno estatal, donde el coordinador del Gabinete, José Luis García Parra, detalló que el proyecto será enviado formalmente al Congreso del Estado para su análisis y eventual aprobación.
Financiamiento propio para policías, bomberos y burócratas
De acuerdo con García Parra, la modificación legal busca retirar los candados normativos que actualmente impiden utilizar dichos recursos financieros, permitiendo que el instituto funcione como un ente constructor y financiero con alternativas más accesibles que la banca comercial.
“Esta reforma a la ley del Issstep, va a permitir que este Instituto pueda construir viviendas, pueda otorgar créditos para la adquisición de vivienda”, aseveró el funcionario estatal, resaltando que la medida beneficiará directamente a elementos de la Policía Estatal, Bomberos y personal administrativo.
La aplicación del programa habitacional dependerá de la aprobación del Poder Legislativo y de las reglas de operación que se establezcan posteriormente para la asignación de los créditos y la administración de los fondos.
Reestructuración financiera y fondo de retiro
Esta propuesta habitacional se presenta de forma paralela a un plan integral de reestructuración financiera del ISSSTEP, organismo que enfrenta altas presiones presupuestales derivadas de las obligaciones de retiro y solicitudes de jubilación pendientes en los sectores educativo, médico y operativo.
Al respecto, la Consejería Jurídica y la Secretaría de Finanzas evalúan un paquete de reformas más amplio orientado a revisar las finanzas del fondo de pensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Los requisitos de acceso, esquemas de construcción y techos presupuestales se definirán una vez que se desahogue el proceso legislativo en la Cámara local.
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