Thalía Becerra
Una jueza federal de Estados Unidos ha ordenado el desmantelamiento del centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en el oeste de Miami.
La decisión, que debe ejecutarse en un plazo de 60 días, prohíbe el ingreso de nuevos migrantes y responde a una demanda de grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee.
El fallo, emitido por la jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, representa una victoria significativa para la protección del ecosistema de los Everglades.
Un centro de detención en un área protegida
El centro de detención se construyó sobre un aeropuerto abandonado en una zona natural que alberga 36 especies endémicas amenazadas, incluyendo panteras, caimanes y cocodrilos.
Grupos como Friends of The Everglades y el Center for Biological Diversity argumentaron que la construcción y operación de la instalación violaba las leyes ambientales y la inversión millonaria para cuidar el ecosistema.
La jueza Williams señaló que, gracias a la prisa por construir el campamento, no se consideraron otras ubicaciones. En este sentido, exige que las autoridades estatales y federales cumplan con las evaluaciones ambientales requeridas.
Detalles de la orden judicial para Alligator Alcatraz
La jueza federal fue muy específica en sus directrices. La orden prohíbe:
- Instalar cualquier nueva infraestructura, como tiendas de campaña o dormitorios.
- Pavimentar, excavar o cercar el lugar.
- Trasladar a más personas al sitio, más allá de los migrantes que ya estaban detenidos.
Además, dentro de 60 días, las autoridades deben retirar las cercas, la iluminación industrial y las instalaciones de gas y drenaje. Esta medida permitirá el libre paso de la tribu Miccosukee, un pueblo indígena con derechos sobre esta área.
Reacciones y apelación estatal
La decisión ha sido celebrada por los demandantes. Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, calificó el fallo como una victoria emblemática y envió un mensaje claro sobre la necesidad de respetar las leyes ambientales.
Talbert Cypress, presidente de la comunidad Miccosukee, reafirmó la lucha de su tribu por su tierra y su soberanía.
Sin embargo, la batalla legal no ha terminado. La administración del gobernador DeSantis ha manifestado su intención de apelar el fallo, y el fiscal general del estado, James Uthmeier, ha cuestionado la legitimidad de la jueza.
A pesar de la orden de desmantelamiento, se espera que el proceso judicial continúe en las próximas semanas.
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