El Gobierno de Estados Unidos presentó este miércoles acusaciones formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios mexicanos, por su presunta participación en delitos graves relacionados con el narcotráfico, la protección al Cártel de Sinaloa y la posesión ilegal de armas de alto poder.
De acuerdo con las investigaciones, los implicados habrían recibido sobornos millonarios a cambio de facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, además de colaborar con la estructura criminal mediante información confidencial y protección institucional.
Red de protección al Cártel de Sinaloa
Las acusaciones señalan que no se trata de un solo funcionario, sino de una presunta red de corrupción integrada por altos mandos del gobierno estatal, municipal y corporaciones de seguridad, lo que evidencia un esquema sistemático de colaboración con el crimen organizado.
Entre los señalamientos más graves destacan:
- Protección directa a líderes del Cártel de Sinaloa
- Filtración de operativos policiales
- Facilitación de violencia, secuestros y homicidios
- Uso y posesión de armas de guerra, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos
Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios acusados
Según la acusación, el gobernador Rubén Rocha Moya habría permitido la operación del cártel a cambio de apoyo político y electoral, comprometiéndose a nombrar funcionarios afines a la organización criminal y garantizar su impunidad.
Sin embargo, el caso va más allá del mandatario estatal. Otros nueve funcionarios también enfrentan señalamientos por distintos niveles de colaboración:
- Enrique Inzunza Cázares, senador, acusado de fungir como enlace político con “Los Chapitos”
- Enrique Díaz Vega, exfuncionario, señalado por coordinar acciones con el cártel
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal, acusado de alertar sobre operativos
- Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, exmandos policiales, presuntamente sobornados para liberar criminales
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad, acusado de filtrar información clave
- José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, mando policial, señalado por apoyar operaciones criminales
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, acusado de recibir pagos mensuales
- Juan Valenzuela Millán “Juanito”, vinculado a secuestros y homicidios
Las autoridades estadounidenses subrayan que todos ellos habrían conspirado para fortalecer las operaciones del cártel, no solo en el tráfico de drogas, sino también en actividades violentas.
Puebla, punto clave en la investigación
Un elemento que llama particularmente la atención es la conexión con Puebla, ya que uno de los implicados, Gerardo Mérida Sánchez, se desempeñó como comandante de la 25 Zona Militar con sede en la entidad.
Las autoridades de Estados Unidos lo acusan de haber recibido sobornos a cambio de proteger a la facción de “Los Chapitos”, grupo ligado al Cártel de Sinaloa y enfocado principalmente en el tráfico de fentanilo.
Este vínculo coloca a Puebla en el mapa de la investigación internacional, al evidenciar que las redes de operación y protección del narcotráfico podrían extenderse más allá de Sinaloa.
Delitos y alcance de las acusaciones
Las imputaciones incluyen:
- Conspiración para el tráfico internacional de drogas
- Corrupción y sobornos
- Uso ilegal de armas de fuego de alto poder
- Participación en secuestros con resultado de muerte
Estas acciones formarían parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para desmantelar las redes de apoyo institucional que permiten la operación del crimen organizado.
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