Esta mañana, con el uso de la fuerza pública armada, las instalaciones del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fueron tomadas en un intento de imponer a un nuevo patronato en la institución nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.
Esto representa un acto de arbitrariedad absoluto indebido en un país democrático y respetuoso del Estado de derecho, que se desprende de un proceso legal que se sigue en contra de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), más no así en contra de la Fundación Universidad de las Américas Puebla. Este acto de despojo en contra de la comunidad UDLAP será denunciado como tal ante las autoridades.
Con fecha 4 de mayo de 2021, en un ejercicio preventivo ante posibles actos de molestia o intento de privación de bienes y derechos, la UDLAP promovió ante el Juzgado Primero de Distrito un juicio de Amparo que fue concedido (radicado con el número 613/2021)
y otorga la suspensión provisional, vigente hasta el día de hoy, dando certeza a efecto que no sean removidos los patronos, asimismo para que esta no intervenga en su administración, en su contabilidad o en cualquier acto de molestia o de privación de bienes y derechos.
Sin respetar la suspensión emitida por un juez federal contra este tipo de actos y haciendo evidente la absoluta ilegalidad de este acto y del despojo contra UDLAP, quienes se ostentan como un nuevo patronato de la Fundación Mary Street Jenkins y la policía estatal invadieron nuestras instalaciones, impidiendo el acceso al campus de estudiantes y empleados y los obligaron a desalojar la totalidad de los espacios de la UDLAP.
Asimismo, y sin importar el compromiso que la institución ha demostrado permanentemente con la comunidad, las cuentas bancarias de la universidad han sido ilegalmente bloqueadas, con la finalidad de apoderarse de los recursos financieros de la institución.
Durante esta mañana, tras el bloqueo de los accesos al campus por parte de fuerzas de seguridad estatal armados, los estudiantes y empleados que se encontraban al interior de la universidad, pudieron abandonar las instalaciones de forma segura gracias al personal de seguridad de nuestra institución. Queremos enfatizar que la invasión de nuestras instalaciones se realizó adicionalmente violando todas las medidas y protocolos que hemos implementado para proteger a nuestra comunidad ante la pandemia de COVID 19.
La UDLAP y la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) son instituciones independientes, personas morales diversas con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que de ninguna manera se pueden ni deberían afectar sus circunstancias, actividades y problemáticas de manera indiscriminada.
Señalamos que la UDLAP no está sujeta a ningún proceso, ni judicial ni administrativo, y confía en que las autoridades respeten la ley y permitan que la operación de la institución continúe con normalidad.
La UDLAP es una universidad privada con prestigio y reconocimiento académico en México y a nivel internacional. Cuenta con licenciaturas, maestrías y doctorados acreditados por FIMPES y el organismo internacional SACSCOC. Al año egresan más de 1,700 ciudadanos comprometidos con el país.
El compromiso institucional está presente, permanentemente, en los rankings nacionales e
internacionales en los que figura desde hace más de 10 años.
Lamentamos profundamente esta situación arbitraria e ilegal y el momento de incertidumbre que como consecuencia enfrentan nuestros estudiantes, profesores, empleados administrativos, y miembros del equipo de seguridad UDLAP.
Responsabilizamos a las personas que han tomado ilegalmente el campus y a las autoridades estatales de cualquier daño o perjuicio que se cause a las instalaciones, recursos, documentos de la institución, así como los bienes personales empleados administrativos y académicos.
Exigimos a las autoridades del estado la liberación inmediata de nuestras instalaciones, el respeto a nuestros derechos y el respeto a la dignidad de la comunidad UDLAP.
La UDLAP hace un llamado a los miembros de nuestra comunidad, a la sociedad civil, los organismos académicos y estudiantiles, el sector privado, nuestros representantes en los congresos estatal y federal, así como a todos los ciudadanos, a pronunciarse en contra de este acto arbitrario que hemos sufrido por parte del Estado, cuyo único objeto ha sido imponer un acto ilegal infundado e injustificado a través del uso de fuerza pública desmedido en contra de nuestros estudiantes y empleados.
México no puede aceptar que se impongan la impunidad y la violación arbitraria de las leyes.