Trabajadores reanudan labores en Ciudad Judicial tras llegar a un acuerdo

Josué Avalos

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Puebla levantaron la tarde del lunes 9 de noviembre de 2026 la suspensión de actividades que mantenían desde el pasado viernes en la sede del Sexto Circuito, ubicada en Ciudad Judicial en San Andrés Cholula.

La decisión se tomó luego de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) abrogara formalmente el acuerdo general que establecía un nuevo proceso de evaluación del desempeño laboral; la base trabajadora en la entidad decidió mantener el bloqueo en los accesos del inmueble durante las primeras horas del lunes hasta contar con la certeza jurídica de la cancelación del instrumento reglamentario.

La movilización del personal de carrera judicial surgió a raíz de la publicación, el pasado 5 de noviembre, del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026; el nuevo esquema vinculaba los resultados de la evaluación con la continuidad dentro de la Carrera Judicial, incorporando métricas como productividad, calidad del trabajo, ética, atención ciudadana y valoraciones por parte de superiores y compañeros. Los empleados argumentaron que diversos criterios se prestaban a interpretaciones subjetivas que podrían ser utilizadas de manera discrecional para afectar la estabilidad y permanencia de la plantilla laboral.

Pese a que a nivel nacional se alcanzaron acuerdos la jornada del sábado para suspender la protesta, los trabajadores de la sede Puebla determinaron mantener el paro hasta que se formalizara legalmente la anulación de la normativa, la resolución definitiva por parte del órgano regulador permitió la reapertura de las instalaciones judiciales al sur de la zona metropolitana.

Pese a la reapertura de juzgados y tribunales, los trabajadores advirtieron que el conflicto no está cerrado en su totalidad, ya que se mantienen a la espera de reformas al artículo 38, fracción IV, de la Ley de Carrera Judicial; la base sindical señaló que buscará que las instancias legislativas modifiquen dicho precepto legal para evitar que en el futuro se pretendan reintroducir esquemas de evaluación que atenten contra sus derechos laborales.

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