La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el desarrollo de tres líneas de investigación prioritarias enfocadas en el Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de las 32 entidades federativas.
De acuerdo con el máximo órgano fiscalizador del país, las indagatorias derivan de trabajos previos de inteligencia y del análisis sistemático de la información requerida a los gobiernos estatales, los cuales advierten la comisión de “múltiples irregularidades históricas” en el ejercicio del gasto público por parte de las autoridades electorales.
Los tres ejes de fiscalización de la ASF
A través de un comunicado, el órgano fiscalizador detalló los alcances y la estructura de las acciones legales y técnicas que se encuentran en marcha:
- Investigación de oficio por contrataciones públicas: Indagatorio directo sobre anomalías y presuntas faltas administrativas en las adjudicaciones y contratos celebrados por todos los OPLEs, el INE y el entonces IFE.
- Estudio histórico de adquisiciones (2000-2025): Análisis exhaustivo de un periodo de 25 años para detectar y hacer públicos los patrones de contratación, la concentración sistemática de proveedores y posibles prácticas ilegales cometidas por grupos empresariales y servidores públicos en el manejo del presupuesto público.
- Auditoría Integral al INE y al gasto federalizado: Revisión profunda a las estructuras financieras del INE, así como a la totalidad de los recursos federales transferidos y ejercidos por los institutos electorales locales en los estados.
Rigor técnico e independencia en las investigaciones
La ASF enfatizó que el despliegue de estas líneas de trabajo se realiza en estricto cumplimiento de sus facultades constitucionales, actuando con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad para transparentar las licitaciones y compras realizadas por los entes públicos encargados de organizar los comicios en el país.
El organismo reafirmó que el objetivo central es erradicar redes de impunidad en las contrataciones de servicios y bienes de la infraestructura electoral del país.
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