A casi 21 años de haber sido víctima de detención arbitraria y tortura, el acceso a la justicia para la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho Ribeiro volvió a frenarse. La esperada audiencia de vista en el caso contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, fue suspendida de último momento debido a deficiencias técnicas en las plataformas virtuales del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La diligencia, que debía llevarse a cabo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, resultaba clave en el proceso penal, ya que su objetivo era definir una sentencia —condenatoria o absolutoria— contra Marín Torres como uno de los presuntos autores intelectuales de las agresiones sufridas por la comunicadora.
Tanto la autora como la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 expresaron su profundo rechazo e inconformidad ante la persistencia de este tipo de obstáculos institucionales.
“Se les cayó el sistema”: La denuncia de Lydia Cacho
A través de una transmisión en vivo realizada desde su exilio en España, la autora del libro Los demonios del Edén detalló la impotencia y el desgaste emocional tras meses de preparación legal y psicológica para el careo telemático.
“Después de estar esperando, sentada frente a mi computadora, ya para entrar en este careo, preparadísima para decir: ‘quiero que lo sentencien por esto […] y aquí está la evidencia’, resulta que se les cae el sistema. ¿Les suena conocido?”, cuestionó la escritora.
Según relató Cacho Ribeiro, el personal judicial argumentó inicialmente un corte en el suministro eléctrico. Sin embargo, posteriormente trascendió que el fallo respondería a la falta de pago de los derechos de uso de la plataforma digital que emplea el Poder Judicial para celebrar audiencias a distancia.
La diligencia conectaría a la jueza en Cancún, a los representantes del Ministerio Público, a Lydia Cacho desde España y a Mario Marín Torres, quien permanece recluso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
Dos décadas de impunidad
El caso se remonta al 16 de diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue aprehendida de forma ilegal en Cancún por agentes de la entonces Policía Judicial, tras la publicación de su investigación periodística Los demonios del Edén, en la que develó redes de pederastia e involucró a empresarios y políticos.
Durante el traslado terrestre de Quintana Roo hacia Puebla, la periodista sufrió graves actos de tortura ordenados desde las más altas esferas del gobierno poblano.
Hasta el momento, el Juzgado Cuarto de Distrito no ha fijado una nueva fecha para la reprogramación de la audiencia, dejando en pausa un paso crucial para la reparación del daño y el cierre de un proceso que suma más de dos décadas en impunidad.
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