Tras la calificación reprobatoria que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Acatlán de Osorio por operar en condiciones “deplorables”, el Gobierno del Estado de Puebla evalúa asumir de manera directa el control de todos los penales municipales de la entidad.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, Vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que se encuentra en análisis una propuesta estratégica para cambiar el modelo de administración de estos espacios, los cuales actualmente dependen de los ayuntamientos.
Recomendaciones y facultades de la SSP
Sánchez González precisó que, de acuerdo con la ley, la SSP tiene la facultad de supervisar los penales y realiza visitas periódicas en las que emite recomendaciones constantes para salvaguardar los derechos humanos de la Población Privada de la Libertad (PPL).
Actualmente, los municipios donde se ubican estos centros tienen la responsabilidad de:
- Recaudar aportaciones económicas de los municipios aledaños.
- Administrar y ejecutar el programa de inversión.
- Cubrir el pago de nómina de los custodios.
- Garantizar la alimentación y estancia digna de las personas privadas de la libertad.
Mesa de trabajo con SEGOB y Derechos Humanos
Para abordar la problemática del hacinamiento y la deficiente alimentación en las cárceles municipales, la SSP entabló reuniones de trabajo con el secretario de Gobernación Estatal (SEGOB), Samuel Aguilar Pala, y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Rosa Isela Sánchez Soya.
“Nosotros, dentro de las visitas de supervisión, hacemos una serie de recomendaciones. Hace dos meses nos reunimos con la presidenta estatal de los Derechos Humanos y con el secretario de Gobernación, y estamos evaluando la posibilidad de, en un momento dado, tomar el control de los penales municipales y administrarlo nosotros”, afirmó el Vicealmirante Francisco Sánchez González.
Con este posible cambio de mando, el Ejecutivo Estatal busca reestructurar la gestión penitenciaria en los municipios para garantizar una verdadera reinserción social y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
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