La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto oficial mediante el cual las plataformas digitales y redes sociales que operan en el país deberán implementar medidas obligatorias para proteger a niñas, niños y adolescentes, restringir su acceso a contenidos nocivos y garantizar entornos seguros desde el diseño predeterminado de sus servicios.
Durante la presentación en Palacio Nacional, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló que este decreto se fundamenta en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, enfocado en el uso seguro y responsable de internet. La normativa abarcará a todos los servicios digitales que permitan la interacción, comunicación, difusión o intercambio de contenidos entre usuarios.
Plazo de 30 días e involucramiento de gigantes tecnológicos
Luisa Alcalde precisó que las empresas tecnológicas contarán con un plazo máximo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para documentar e informar las acciones operativas implementadas.
Este periodo fue consensuado con las principales compañías tras una serie de mesas de trabajo institucionales en las que participaron representantes de firmas transnacionales como Meta (Facebook/Instagram), Microsoft, Apple, TikTok, Google, X (antes Twitter) y Huawei.
Contenidos prohibidos y obligaciones para las plataformas
El decreto establece restricciones severas para evitar que los algoritmos expongan o recomienden a menores de edad material que atente contra su integridad física, psicológica o emocional.
1. Prohibición y remoción inmediata de contenidos que promuevan:
- Discursos de odio, extremismo violento y conductas ilícitas.
- Abuso, explotación o violencia sexual, así como material sexual explícito.
- Suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos de la conducta alimentaria (TCA).
- Violencia escolar, acoso y ciberacoso (cyberbullying).
2. Medidas técnicas obligatorias:
- Clasificación por edades y verificación: Implementar mecanismos efectivos para verificar la edad real de los usuarios.
- Privacidad y seguridad activas por defecto: Configuraciones de máxima protección desde el momento del registro.
- Herramientas de supervisión parental: Ofrecer controles accesibles para madres, padres y tutores.
- Rápida remoción de cuentas: Obligación de identificar y dar de baja de forma inmediata canales o perfiles que promuevan la violencia.
- Transparencia algorítmica: Publicar de forma transparente los criterios utilizados para moderar y retirar publicaciones.
Cooperación con autoridades e investigaciones judiciales
El decreto fija la obligación para las empresas de mantener un punto de contacto permanente para atender requerimientos de las autoridades investigadoras. Asimismo, deberán preservar y entregar evidencia digital en casos de riesgo y alertar proactivamente a las autoridades cuando detecten contenidos que atenten de manera inminente contra la vida o la salud de los menores.
Luisa María Alcalde subrayó que la naturaleza inicial del decreto “es obligatoria, mas no punitiva”, buscando la autorregulación acompañada.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la Agencia de Transformación Digital dará un seguimiento riguroso al cumplimiento de los compromisos acordados, advirtiendo que de no observarse resultados concretos se promoverá una reforma legislativa formal.
“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, sentenció la mandataria.
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