En el primer caso, la FGE Puebla logró que quedara firme la sentencia condenatoria de 18 años 4 meses de prisión contra José Luis N., declarado penalmente responsable del delito de homicidio calificado.
Los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2017 en el municipio de Venustiano Carranza, cuando la víctima se encontraba frente a un establecimiento dedicado a la compra y venta de llantas y refacciones automotrices. De acuerdo con la investigación, varios sujetos llegaron al lugar a bordo de distintos vehículos; entre ellos se encontraba José Luis N., quien en ese momento se desempeñaba como servidor público municipal.
La indagatoria establece que los agresores rodearon a la víctima, la amenazaron y la obligaron a subir a un vehículo, privándola de la libertad. Horas más tarde, la unidad fue localizada incendiada sobre la carretera Tihuatlán-Cazones, en el estado de Veracruz, con el cuerpo sin vida de la víctima en su interior.
Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas periciales, testimoniales y diversos medios de convicción que permitieron acreditar la responsabilidad penal de José Luis N. por el delito de homicidio calificado. En el mismo procedimiento, el órgano jurisdiccional emitió sentencia absolutoria respecto del delito de desaparición forzada de persona.
Por estos hechos, la autoridad judicial impuso una pena de 18 años 4 meses de prisión, además del pago de la reparación del daño y las sanciones legales correspondientes. Posteriormente, el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal confirmó la sentencia condenatoria en todos sus términos, por lo que la resolución quedó firme y definitiva para su ejecución.
Sentencia firme de 23 años 9 meses en Puebla capital
En un segundo caso, la sentencia condenatoria de 23 años 9 meses de prisión obtenida por la FGE Puebla contra Ernesto N., por el delito de homicidio calificado, también quedó firme tras ser confirmada por el Tribunal de Alzada.
De acuerdo con la investigación, el 21 de octubre de 2019, la víctima y el hoy sentenciado ingresaron a un inmueble ubicado en la colonia Vicente Guerrero, en la ciudad de Puebla, donde Ernesto N. la agredió con un objeto punzocortante, ocasionándole lesiones que le provocaron la muerte.
Durante el proceso penal, la Representación Social acreditó la responsabilidad del acusado mediante datos de prueba, testimonios y dictámenes incorporados en juicio, lo que permitió obtener una sentencia condenatoria por homicidio calificado.
El 10 de septiembre de 2025, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra Ernesto N., imponiéndole una pena de 23 años 9 meses de prisión, además de las sanciones legales correspondientes.
Posteriormente, el Tercer Tribunal de Alzada Colegiado de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla confirmó la resolución en segunda instancia, por lo que la sentencia quedó firme y definitiva para su ejecución.
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