Josué Avalos
Una ola de indignación y máxima alerta comunitaria sacude al sector educativo en el interior del estado. La mañana de este jueves 9 de julio de 2026, padres de familia se manifestaron de forma enérgica a las afueras de una institución de educación básica en el municipio de Tepeojuma, para exigir justicia por el presunto abuso sexual en contra de dos estudiantes de cuarto grado y denunciar un supuesto pacto de silencio por parte de los directivos del plantel.
De acuerdo con las carpetas de queja y las declaraciones de los tutores afectados, la agresión se habría perpetrado al interior de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la citada demarcación. El señalado en los testimonios es un profesor de la institución, cuya identidad legal se mantiene bajo reserva técnica como Constancio “N.”. El docente es acusado de presuntamente realizar tocamientos indebidos y besar a la fuerza a dos menores de apenas 9 años de edad, quienes cursan el cuarto año de primaria.
Según el relato de los familiares, el implicado habría aprovechado su posición de autoridad para trasladar a una de las alumnas a un salón vacío con la finalidad de cometer el vejamen. Sin embargo, la situación de riesgo fue advertida por otras estudiantes del plantel, quienes corrieron a dar aviso inmediato a una maestra de grupo. La principal fuente de molestia e indignación de la comunidad escolar radica en el actuar de las autoridades administrativas de la Primaria Miguel Hidalgo una vez que fueron notificadas del grave incidente. Los padres de familia acusan que el personal directivo decidió proteger al señalado en lugar de activar los protocolos de resguardo de infantes.
Los manifestantes sostienen que la dirección no llamó a la policía ni aplicó el esquema de flagrancia, permitiendo de forma deliberada que Constancio “N.” abandonara las instalaciones del colegio con total tranquilidad. Para sorpresa de los padres, el docente regresó de forma ordinaria al día siguiente a las aulas y, tras percatarse del ambiente hostil de reclamo, volvió a retirarse del plantel. Debido a esto, los papás exigen de manera estricta que tanto la directora del turno como otro miembro administrativo sean investigados penalmente por omisión de cuidados y presunto encubrimiento.
Ante la falta de garantías de seguridad para los alumnos, los familiares de las víctimas acudieron a las oficinas ministeriales para interponer una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, autoridad que ya realiza los peritajes psicológicos y las entrevistas correspondientes para deslindar responsabilidades. De igual forma, hicieron un enérgico llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) Estatal para que suspenda de manera inmediata y definitiva al maestro involucrado para evitar que tenga contacto con la población estudiantil. A través de redes sociales, comenzaron a circular videos de la airada protesta ciudadana en los accesos del plantel. Hasta el momento ni la FGE ni la SEP han emitido una postura oficial o comunicado con respecto al estatus administrativo de la escuela o la orden de aprehensión en contra del presunto agresor.
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