La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió de manera oficial las comunicaciones enviadas al gobierno de Estados Unidos en relación con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición que pesan sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios estatales.
El gobierno mexicano reiteró que cualquier acción legal debe sustentarse en pruebas claras y verificables, actuando siempre bajo el marco de la Constitución. Asimismo, la SRE informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya se encuentra investigando formalmente dichas solicitudes.
Aunque México subrayó que mantendrá la cooperación bilateral con Estados Unidos, dejó en claro que no se permitirán injerencias extranjeras en las decisiones que corresponden estrictamente al Estado mexicano. De igual forma, recordó que las acusaciones presentadas en Nueva York no representan una condena anticipada, por lo que los señalados mantienen intacta su presunción de inocencia.
El origen de las acusaciones: La DEA y la Fiscalía de Nueva York
El pasado 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y la DEA anunciaron una acusación formal contra 10 servidores y exservidores públicos de Sinaloa. Según las autoridades estadounidenses, los implicados habrían colaborado durante años con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
A cambio de sobornos, apoyo político y protección institucional, los acusados presuntamente facilitaron el tráfico de drogas (como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina) hacia territorio estadounidense.
El documento judicial detalla que los señalados habrían utilizado sus cargos públicos para:
- Proteger a líderes criminales e impedir arrestos.
- Filtrar información policial y militar de carácter sensible.
- Ordenar a corporaciones locales el resguardo de cargamentos ilícitos.
- Permitir actos violentos sin que existieran consecuencias legales.
Lista de funcionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos
La acusación de la justicia estadounidense incluye cargos federales por conspiración para importar narcóticos, así como posesión y conspiración relacionada con armas de fuego y ametralladoras. Los señalados son:
- Rubén Rocha Moya – Gobernador de Sinaloa.
- Enrique Inzunza Cázarez – Senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa.
- Enrique Díaz Vega – Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
- Dámaso Castro Zaavedra – Vicefiscal de la Fiscalía Estatal de Sinaloa.
- Marco Antonio Almanza Avilés – Exjefe de la Policía Investigadora estatal.
- Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”) – Exjefe de la Policía Investigadora estatal.
- Gerardo Mérida Sánchez – Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
- José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”) – Exsubdirector de la Policía Estatal.
- Juan de Dios Gámez Mendívil – Alcalde de Culiacán.
- Juan Valenzuela Millán (“Juanito”) – Ex-mando de la Policía Municipal de Culiacán (quien además enfrenta cargos graves por secuestro con resultado de muerte).
Las autoridades de Estados Unidos han recalcado que todos los implicados son legalmente inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.
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