Con el objetivo de erradicar el matrimonio infantil y la llamada cohabitación forzada, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Riestra Piña, presentó una iniciativa de reforma al artículo 128 Bis del Código Penal del Estado de Puebla, para que esta práctica sea sancionada con penas de cárcel de hasta 15 años, y no solo prohibida en la ley.
La legisladora subrayó que resulta urgente fortalecer el marco legal para castigar a quienes obliguen, presionen o coaccionen a niñas, niños y adolescentes a unirse con personas mayores, simulando una relación de matrimonio, pese a que legalmente no esté reconocida.
Matrimonio infantil, una problemática vigente en Puebla
Durante la presentación de la iniciativa, Riestra Piña destacó que el matrimonio infantil continúa siendo una problemática grave y persistente en Puebla, con consecuencias directas en la salud, el desarrollo y los derechos humanos de las infancias.
De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 se registraron en Puebla 6 mil 023 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años, cifra que coloca a la entidad por encima del promedio nacional en embarazos adolescentes.
La diputada señaló que estas cifras evidencian la normalización de relaciones forzadas entre menores de edad y personas adultas, muchas de las cuales se dan en contextos de vulnerabilidad social, pobreza y falta de acceso a educación y servicios de salud.
Hasta 15 años de prisión y multas económicas
La propuesta legislativa establece sanciones más severas para quienes incurran en este delito. En concreto, plantea penas de entre ocho y quince años de prisión, así como multas que van de mil a dos mil quinientos días, equivalentes a 175 mil 965 pesos, de acuerdo con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La legisladora explicó que estas sanciones buscan cerrar vacíos legales que actualmente permiten que este tipo de conductas queden impunes o sean sancionadas de manera insuficiente.
“El matrimonio infantil no es una costumbre ni una tradición, es una forma de violencia que debe castigarse con todo el peso de la ley”, enfatizó Riestra Piña al defender su iniciativa.
Agravantes para proteger a grupos vulnerables
Otro de los puntos clave de la reforma es la incorporación de agravantes que aumentan la responsabilidad penal cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena, sea afromexicana o una persona con discapacidad.
La diputada señaló que estos grupos enfrentan mayores riesgos de violencia, discriminación y exclusión, por lo que el Estado tiene la obligación de brindarles una protección reforzada.
Asimismo, subrayó que la iniciativa está alineada con tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como con las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que han insistido en la necesidad de tipificar y sancionar de manera efectiva el matrimonio infantil.
Llamado al Congreso y a la sociedad
Finalmente, Riestra Piña hizo un llamado a las y los legisladores del Congreso del Estado para analizar y respaldar la iniciativa, al considerar que se trata de un paso fundamental para garantizar el interés superior de la niñez.
También exhortó a la sociedad a romper el silencio y denunciar cualquier caso de cohabitación forzada o violencia contra menores de edad, pues advirtió que la omisión también contribuye a perpetuar estas prácticas.
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