Josué Avalos
En un operativo ejecutado durante la madrugada de este lunes 2 de febrero, el expolítico, Javier López Zavala, fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. El movimiento se concreta apenas un mes después de que recibiera una sentencia de 60 años de prisión por el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón.
Fuentes internas del penal de San Miguel confirmaron que el traslado busca poner fin a una red de beneficios económicos y operativos de los que el sentenciado gozaba en el centro penitenciario poblano.
Los negocios en prisión: Panadería y abarrotes
Uno de los puntos más polémicos que motivaron su salida fue que presuntamente, López Zavala mantenía el control de tres concesiones comerciales dentro del penal de San Miguel:
- Una panadería.
- Una tienda de abarrotes.
- Una distribución de productos de la marca Coca-Cola.
Estos negocios le generaban ingresos diarios y le otorgaban un estatus de poder sobre el resto de la población carcelaria, lo cual contravenía los principios de reinserción social y justicia para la víctima.
La presión de la familia Monzón y la SSP
El traslado es visto como un triunfo para Helena Monzón, hermana de la víctima, quien denunció incansablemente los privilegios que custodios de San Miguel otorgaban al exfuncionario. A esta exigencia se sumó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), vicealmirante Francisco Sánchez, quien solicitó formalmente a la Federación la reubicación del interno debido a los problemas de orden y disciplina que generaba su estancia en Puebla.
“El Altiplano es su centro penitenciario de origen; solo se le permitió estar en Puebla para enfrentar su proceso penal. Una vez sentenciado, no hay razón para que permanezca aquí”, señaló anteriormente el titular de la SSP.
El regreso a la máxima seguridad
Cabe destacar que el traslado ya estaba autorizado desde el pasado 8 de enero, pero debido a ajustes logísticos se postergó hasta este lunes. Con su ingreso al Cefereso Número 1, López Zavala pierde toda influencia comercial y política sobre el sistema penitenciario poblano, quedando bajo un régimen de vigilancia estricta donde los privilegios de los que gozaba en San Miguel son inexistentes.
Con esta acción, las autoridades buscan cerrar un capítulo de impunidad y responder al reclamo de justicia de la familia Monzón, asegurando que el autor intelectual del crimen cumpla su condena en las condiciones que dicta la ley federal para delitos de alto impacto.
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