Juan Carlos N., un hombre de 30 años presuntamente involucrado en un secuestro ocurrido en Puebla en 2018, fue detenido en el estado de Hidalgo por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.
La aprehensión se realizó a pesar de que el individuo gozaba de una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, de la cual se sustrajo, lo que llevó a un Juez de Control a ordenar su captura.
Origen del caso: Un secuestro en 2018
La carpeta de investigación detalla que los hechos se remontan al 23 de enero de 2018. En esa fecha, una víctima fue privada de su libertad mientras se encontraba al interior de una estética en el estado de Puebla.
Los captores exigieron la suma de 10 millones de pesos para su liberación.
Tras intensas negociaciones, se acordó un pago de 145 mil pesos, el cual fue entregado en Apan, Hidalgo. Sin embargo, a pesar de la entrega del dinero, la víctima no fue liberada, lo que mantuvo en vilo a sus familiares y a las autoridades.
Rescate y primeras detenciones
Los familiares de la víctima solicitaron el apoyo de las autoridades, quienes actuaron rápidamente. El 26 de enero de 2018, solo tres días después del secuestro, se logró la liberación de la persona privada de la libertad.
Durante este operativo, también se concretó la detención de dos hombres y una mujer, entre ellos Juan Carlos N.
En aquel momento, a Juan Carlos N. se le impuso una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, lo que le permitió salir del estado de Puebla.
Sin embargo, al sustraerse del proceso penal en la etapa intermedia, la situación legal del imputado cambió, llevando a la orden de aprehensión vigente.
Colaboración interinstitucional y traslado
La reciente detención de Juan Carlos N. se logró gracias a una colaboración interinstitucional entre las autoridades de la Fiscalía de Puebla y sus homólogos en el estado de Hidalgo.
Una vez aprehendido, el presunto secuestrador fue trasladado a territorio poblano para dar continuidad al procedimiento penal en su contra.
Este caso subraya la importancia de la coordinación entre fiscalías para asegurar que los procesos judiciales avancen y se combata la impunidad en delitos de alto impacto como el secuestro.
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