Tras dos días de angustia y protestas contundentes por parte de pacientes y sus familias, los servicios vitales de hemodiálisis en los hospitales públicos de Puebla fueron reactivados. La interrupción, que generó una crisis de salud y movilizaciones ciudadanas, se debió a un problema administrativo relacionado con la finalización del contrato de la empresa privada que proveía este tratamiento esencial.
La intervención directa del gobernador Alejandro Armenta Mier fue crucial para alcanzar un acuerdo y restablecer la atención. La suspensión de las sesiones de hemodiálisis había comenzado el 1 de julio, afectando a más de 200 pacientes que dependen de este tratamiento para vivir.
La situación provocó la desesperación de las familias, quienes recurrieron a la protesta pública para exigir la reanudación inmediata del servicio. Las manifestaciones incluyeron el bloqueo de importantes vialidades, como el Periférico Ecológico y la autopista México-Puebla, reflejando la gravedad de la crisis.

La raíz del problema: Un contrato expirado y la empresa Zdenko SA de CV
La causa directa de la interrupción fue la conclusión del contrato con la empresa Zdenko SA de CV, la cual había estado operando el programa de hemodiálisis bajo un esquema de subrogación para los hospitales públicos de Puebla. A pesar de que el contrato había expirado, la presión social y la necesidad imperante de los pacientes llevaron al gobierno estatal a buscar una solución de emergencia con el proveedor existente.
El Secretario de Salud de Puebla, Carlos Alberto Olivier Pacheco, confirmó que el gobernador Armenta Mier logró un acuerdo con Zdenko SA de CV para que la empresa reanudara los tratamientos en un plazo de 24 horas. Esta medida temporal fue vital para evitar mayores complicaciones de salud y mitigar la crisis que enfrentaban los pacientes con insuficiencia renal crónica.
Intervención gubernamental y coordinación institucional
La intervención del gobernador Armenta fue destacada como el factor determinante para la resolución de la crisis. En coordinación con la Secretaría de Salud estatal y la delegación de IMSS-Bienestar en Puebla, se estableció un plan para priorizar la atención y reprogramar las sesiones.
Gerónimo Lara Gálvez, coordinador federal de IMSS-Bienestar en Puebla y delegado de la institución, informó que los pacientes hospitalizados que requerían atención urgente serían los primeros en recibir el tratamiento de hemodiálisis de manera inmediata.
Para el resto de los pacientes, se inició un proceso de reprogramación de citas para asegurar que todos recibieran sus sesiones de manera oportuna, pidiendo paciencia y comprensión a las familias. Esta acción coordinada entre el gobierno estatal y las instituciones de salud federales fue fundamental para abordar la emergencia.

Hospitales afectados y el alcance del problema
La suspensión de servicios impactó a diversos hospitales públicos en todo el estado, incluyendo el Hospital General de Huauchinango, el Hospital General de Tehuacán, el Hospital Regional de Teziutlán, el Hospital General del Sur en la capital poblana.
La afectación de más de 200 pacientes subraya la vulnerabilidad de un sistema de salud que, en ocasiones, enfrenta desafíos administrativos que pueden tener consecuencias directas y severas en la vida de los ciudadanos. Este incidente en Puebla es parte de un contexto más amplio a nivel nacional.
Existe una licitación pública federal en curso para seleccionar a una nueva empresa que se encargue de operar este servicio en todas las unidades de IMSS-Bienestar en el país. A pesar de la demora administrativa a nivel federal, la rápida acción a nivel estatal en Puebla permitió encontrar una solución de emergencia para sus pacientes.
La reactivación de los servicios de hemodiálisis es una noticia de alivio para cientos de familias en Puebla. No obstante, el incidente pone de manifiesto la necesidad de establecer mecanismos más robustos y transparentes en la contratación de servicios de salud esenciales, garantizando la continuidad de la atención sin importar los plazos contractuales o los procesos administrativos, para salvaguardar la vida y el bienestar de los pacientes.
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