Erika Díaz, líder del Consejo Taxista, ha denunciado públicamente una presunta campaña de acoso y amenazas en su contra, supuestamente orquestada por ex funcionarios del gobierno estatal. Según sus declaraciones, el objetivo sería apoderarse del control del sitio de taxis en la Central de Autobuses Puebla (CAPU), una ubicación estratégica por donde transitan diariamente más de 80 mil personas.
Señalamientos directos contra ex funcionarios
De acuerdo con Díaz, los ex funcionarios Omar Álvarez Arronte y Jorge Cruz Lepe estarían detrás de esta estrategia, en presunta complicidad con la organización “28 de Octubre” y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), liderada por Leobardo Soto.
“Han implementado una estrategia sistemática para desplazarnos del sitio que legítimamente nos corresponde”, afirmó Díaz, subrayando que estas acciones no solo afectan los derechos laborales de los taxistas afiliados a su organización, sino que también ponen en riesgo la calidad del servicio para miles de usuarios.
Amenazas y una escalada de tensión
La dirigente también reveló que ha recibido amenazas directas contra su vida, las cuales provendrían de grupos vinculados a Leobardo Soto. Díaz sostiene que estos ataques comenzaron hace aproximadamente siete meses con una campaña de difamación y han escalado hasta amenazas de secuestro y asesinato.
El conflicto alcanzó un punto crítico el pasado 17 de enero de 2025, cuando, según la denuncia, un contingente de aproximadamente 200 hombres llegó al sitio de taxis en CAPU, generando un clima de intimidación y violencia.
“Me han enviado mensajes advirtiéndome que si me presento a trabajar, seré levantada, secuestrada, decapitada y cortada en pedazos”, denunció Erika Díaz, enfatizando la gravedad de la situación.
Llamado a las autoridades
Ante estos hechos, la líder taxista ha solicitado la intervención de las autoridades estatales y federales para garantizar su seguridad y la de los trabajadores del sitio. Asimismo, ha instado a que se investiguen a fondo los presuntos nexos de los ex funcionarios y organizaciones mencionadas en estos actos de hostigamiento.
Esta situación pone en evidencia un conflicto de intereses en un punto neurálgico de la movilidad en Puebla, donde está en juego no solo el sustento de cientos de taxistas, sino también la seguridad y estabilidad del servicio de transporte en la CAPU.
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— Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) March 27, 2025