El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso por un juez federal por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, relacionado con el desvío de aproximadamente 5 millones de pesos que originalmente estaban destinados a obras de salud en beneficio de niñas, niños, adultos mayores y otros sectores vulnerables en la entidad durante el año 2012.
La resolución fue dictada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, quien además determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del exmandatario mientras se desarrolla este nuevo proceso penal.
Investigación complementaria de seis meses
El juzgador fijó un plazo de seis meses —que concluirá el próximo 17 de agosto— para que tanto la defensa como la Fiscalía General de la República (FGR) lleven a cabo la investigación complementaria y recaben los datos de prueba que serán presentados en el juicio correspondiente dentro de la causa penal 667/2025.
De acuerdo con las autoridades federales, los recursos presuntamente desviados provenían de un fondo federal destinado a programas de salud para grupos vulnerables en Veracruz. El dinero habría sido transferido inicialmente por la Tesorería de la Federación al gobierno estatal y posteriormente redirigido a otros fines durante la administración de Duarte.
Defensa anuncia apelación
Pablo Campuzano, abogado del exgobernador, informó que la defensa interpondrá un recurso de apelación contra la decisión judicial, al considerar que existen elementos para impugnar la determinación del juez.
Asimismo, adelantó que solicitarán una audiencia previa a mediados de abril con el objetivo de pedir la modificación de la medida cautelar que mantiene a su cliente en prisión.
Impacto en posible liberación en abril
La ratificación de la prisión preventiva justificada mantiene en suspenso la eventual liberación de Duarte prevista para el 15 de abril, fecha en la que cumpliría nueve años privado de la libertad por la sentencia que recibió tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, por los cuales permanece recluido desde 2017.
Con este nuevo proceso abierto, su situación jurídica se complica, ya que la medida cautelar impide que obtenga su libertad mientras continúen las investigaciones.
Declaraciones tras audiencia de casi 11 horas
Al término de la audiencia, que se prolongó por cerca de 11 horas, el exmandatario manifestó al juez que no le sorprendía la resolución y expresó inconformidad con el fallo al señalar que, a su juicio, “gana nuevamente la política sobre la justicia”.
Las autoridades sostienen que el proceso penal seguirá su curso conforme se integren las pruebas necesarias para determinar la responsabilidad o no del exfuncionario en el presunto desvío de recursos públicos.
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