La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla ha suspendido temporalmente la entrega de 2 mil 500 plazas docentes y administrativas. La decisión surge tras una revisión profunda encabezada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual detectó inconsistencias graves en los procesos de asignación.
El titular de la dependencia, Manuel Viveros Narciso, confirmó que estas vacantes permanecerán inhabilitadas hasta que las investigaciones concluyan y se emitan las resoluciones correspondientes. El objetivo es garantizar que el ingreso al servicio educativo se realice bajo principios de legalidad y transparencia.
Simulación de plazas y falta de maestros en las escuelas
La auditoría reveló un problema crítico. En los registros internos de la SEP estatal aparecían plazas como “autorizadas” o “aprobadas”. Sin embargo, las contrataciones no se vieron reflejadas en las aulas. Esta simulación administrativa provocó un déficit de maestros y personal de apoyo en decenas de planteles educativos a lo largo de la entidad.
Esta situación fue corroborada por el gobernador Alejandro Armenta, quien durante sus recorridos por diversos municipios recibió quejas directas de padres de familia y directivos. A pesar de que oficialmente las plazas existían, la falta de una asignación efectiva dejó a cientos de alumnos sin docentes afectando el ciclo escolar vigente.
Diálogo con el magisterio y seguimiento legal
Ante las recientes manifestaciones que exigen la entrega inmediata de las bases docentes, Viveros Narciso aseguró que existe apertura al diálogo por parte del gobierno estatal.
No obstante, fue enfático al señalar que la dependencia está impedida legalmente para realizar cualquier nombramiento mientras el proceso de auditoría continúe abierto. Los puntos clave del conflicto administrativo incluyen:
- La detección de procesos de ingreso y promoción que no cumplen con la normatividad vigente.
- El retraso intencionado de trámites de personal que ya contaba con la autorización federal.
- La necesidad de limpiar el padrón de la Secretaría de Educación para evitar actos de corrupción futuros.
La SEP Puebla reiteró que actuará con estricto apego a la ley, priorizando los derechos de los trabajadores sin saltarse las resoluciones que emitan los órganos encargados del caso.
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