La Secretaría de Educación Pública (SEP) del Estado de Puebla ha iniciado una investigación formal contra el preescolar privado “Carrusel Magone”, ubicado en la colonia Ignacio Romero Vargas, tras graves denuncias de padres de familia sobre la existencia de un espacio oculto y presuntos abusos contra menores.
Clases en línea y protección a la infancia
Como medida inmediata para garantizar la integridad de los alumnos mientras se deslindan responsabilidades, la SEP informó que:
- Las clases presenciales quedan suspendidas.
- El servicio educativo se brindará bajo la modalidad en línea.
- Se trabaja de manera interinstitucional con las autoridades competentes para garantizar los derechos de las infancias.
El Hallazgo: Un departamento oculto dentro del plantel
La alarma se desató este martes cuando padres de familia, motivados por testimonios de sus hijos, irrumpieron en un área restringida del colegio. En el sitio —localizado entre el salón de música y el patio— descubrieron un departamento equipado con cama, baño y electrodomésticos.
Según los reportes, este espacio era presuntamente habitado por personas ajenas a la institución. Los testimonios de los menores sugieren que el cuarto era utilizado como zona de castigo, donde permanecían encerrados.
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Magone; presuntamente castigaban a niños
Graves acusaciones contra la directiva
Los tutores señalan directamente a la directora del plantel por permitir que personas desconocidas cohabitaran en el mismo recinto que los estudiantes. Entre las denuncias más delicadas se encuentran:
- Uso de métodos de disciplina punitivos (encierro).
- Presuntos abusos sexuales, situación que ya está bajo la lupa de las autoridades pese a la espera de denuncias formales ante la Fiscalía.
“Para el Gobierno de Puebla es una prioridad la seguridad y la integridad de las infancias”, reiteró la dependencia estatal en un comunicado, asegurando que el proceso se realiza bajo estricto apego al marco legal.
Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado (FGE) intervenga para realizar los peritajes correspondientes. Los padres de familia exigen el cierre definitivo de la institución y una investigación exhaustiva que determine la situación jurídica de los involucrados.
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