La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Silvia N., Sonia N., Margarita N., Celia N., Jesús N. y Roberto N., tras acreditarse su responsabilidad en el delito de secuestro agravado cometido en perjuicio de una mujer en el municipio de Rafael Lara Grajales.
Engaño en consultorio dental derivó en el secuestro
De acuerdo con las investigaciones presentadas durante el juicio, los hechos ocurrieron el 11 de julio de 2016, cuando la víctima se encontraba atendiendo su consultorio dental en el municipio de Rafael Lara Grajales.
Ese día, los ahora sentenciados ingresaron al establecimiento con el pretexto de solicitar un servicio odontológico. Una vez dentro, uno de los implicados amagó a la víctima con un arma de fuego, mientras otros sometieron a su asistente para controlar la situación.
Posteriormente, la mujer fue privada de la libertad y trasladada a una casa de seguridad ubicada en el estado de Tlaxcala.
Víctima permaneció encadenada y con los ojos vendados
Durante su cautiverio, la víctima fue mantenida encadenada y con los ojos vendados, mientras los responsables realizaban llamadas telefónicas a sus familiares para exigir una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación.
La Fiscalía señaló que las investigaciones permitieron ubicar el inmueble donde la mujer permanecía retenida.
Operativo permitió rescate y detención en flagrancia
Derivado de un operativo coordinado por elementos ministeriales, la víctima fue rescatada con vida, mientras que los seis responsables fueron detenidos en flagrancia dentro del inmueble donde la mantenían cautiva.
Juez impone 50 años de prisión y multa
Tras el desarrollo del juicio y la valoración de las pruebas, la autoridad judicial determinó imponer a Silvia N., Sonia N., Margarita N., Celia N., Jesús N. y Roberto N.:
- 50 años de prisión
- Multa de 292,160 pesos
- Pago por concepto de reparación del daño en favor de la víctima
La Fiscalía de Puebla reiteró que este resultado forma parte de las acciones para combatir el delito de secuestro y garantizar justicia a las víctimas.
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