San Luis Potosí se convirtió en la entidad número 15 en México en aprobar la Ley Malena, una reforma que tipifica los ataques con ácido contra mujeres como feminicidio en grado de tentativa. Esta legislación establece penas de 40 a 70 años de prisión para quienes cometan este delito, marcando un avance significativo en la lucha contra la violencia de género.
Reforma Aprobada por Unanimidad
Con 27 votos a favor, el Congreso de San Luis Potosí aprobó modificaciones al artículo 4 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como a los artículos 135 y 142 del Código Penal del estado. La iniciativa, impulsada por la diputada Martha Patricia Aradillas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), busca garantizar justicia para las víctimas de agresiones con sustancias químicas corrosivas.
María Elena Ríos: Una Voz por la Justicia
Durante la sesión ordinaria, María Elena Ríos Ortiz, saxofonista y sobreviviente de un ataque con ácido, estuvo presente y compartió un emotivo mensaje. Ríos, una de las principales activistas en la visibilización de la violencia ácida, destacó la importancia de esta reforma en un estado donde persisten este tipo de agresiones. “Quienes sobrevivimos a estos ataques somos llevadas al límite, pero la justicia puede lograrse con la lucha colectiva”, afirmó.
“Seguimos en una sociedad retrógrada, pero reformas como la Ley Malena son un paso hacia la justicia.” – María Elena Ríos
Un Paso Contra la Violencia Invisibilizada
La Ley Malena representa un avance crucial en la protección de los derechos de las mujeres y en el combate a la violencia ácida, un tipo de agresión que ha sido históricamente ignorado en México. Esta legislación no solo busca castigar a los responsables, sino también visibilizar y prevenir estas formas extremas de violencia de género.
Contexto Nacional
San Luis Potosí se suma a otras 14 entidades mexicanas que han adoptado la Ley Malena, reforzando el compromiso del país con la erradicación de la violencia contra las mujeres. La presencia de María Elena Ríos y el impulso de la diputada Aradillas subrayan la importancia de la participación ciudadana y legislativa en la construcción de un México más justo.
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