@lvelezi
Esta semana el senador morenista Ricardo Monreal difundió una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que pretende “regular las redes sociales”. La propuesta ha preocupado a organizaciones defensoras de los derechos informativos porque se sustenta en una profunda ignorancia de cómo funciona el ecosistema de internet y representa un grave riesgo a la libertad de expresión.
El proyecto legislativo es relevante porque entre 2009 y 2019 el número de usuarios de las redes sociodigitales en México pasó de 69% a 95% de la población con acceso a internet y la pandemia aumentó el uso de estos canales; sin embargo, hay que aclarar que el acceso es desigual en el territorio nacional, siendo mucho mayor en las zonas urbanas que en las rurales.
Es importante señalar que la iniciativa parece responder a la molestia que le generó al presidente López Obrador la cancelación de la cuenta de Twitter de Donald Trump. Como se recordará, al día siguiente del asalto violento al Capitolio, el mandatario mexicano se negó a criticar la violencia de los seguidores trumpistas, pero sí manifestó su descontento por lo que consideró censura de Twitter al ahora expresidente norteamericano.
Todo indica que la cancelación de la cuenta de Trump ha preocupado al presidente y a sus colaboradores que consideran que en algún momento podría ocurrir algo similar con su propia cuenta o las de sus seguidores. En otro episodio de su pugna con la empresa transnacional, el presidente acusó al director de Políticas Públicas de Twitter para México y Latinoamérica, Hugo Rodríguez Nicolat de ser panista, insinuando que eso podría influir en su trabajo.
La empresa transnacional le respondió al presidente que “ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa”. Días después Twitter suspendió tres cuentas vinculadas a las redes de apoyo de AMLO con el argumento de que no permiten spam ni ningún otro tipo de manipulación de la plataforma.
Ese es el antecedente en el que surge la polémica iniciativa de Monreal que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) ha comparado con “las posiciones de gobiernos en entornos autoritarios que buscan regular las redes sociales por decisiones de esas empresas que no son del agrado de algunos políticos”. Algunos de los países que hoy tienen legislaciones restrictivas de este tipo son Venezuela, Honduras, El Salvador, China y Cuba.
Por su parte, otro grupo de organizaciones encabezadas por Artículo 19 y la Red de Derechos Digitales (R3D), evaluaron el documento “conforme a derecho, estándares y principios constitucionales e internacionales de derechos humanos” y advirtieron graves problemas, entre los que destacan un claro desconocimiento de cómo funciona la internet. Además, el sujeto al que pretende regular no está claramente definido por lo que cualquier sitio que permita a los usuarios compartir información podría caer en la regulación.
Asimismo, se pretende que toda red social que quiera operar en México sea previamente autorizada y registrada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el que a su vez deberá emitir lineamientos para el funcionamiento de estas plataformas. Esto representaría el establecimiento de un claro mecanismo de censura previa lo que está expresamente prohibido en el artículo 7° de la Constitución de la República.
“En ningún país democrático es aceptable que una plataforma deba solicitar autorización al Estado para ofrecer sus servicios en Internet”, enfatiza el posicionamiento de la sociedad civil.
El documento, firmado por 37 organizaciones civiles y varios especialistas del sector, señala que “bajo el pretexto de combatir la censura privada, la iniciativa abre las puertas a la censura estatal, al exigir que las plataformas digitales cuenten con políticas y procedimientos expeditos para censurar”, con el pretexto de eliminar la difusión de “mensajes de odio, la propagación de noticias falsas y la protección de datos personales”. No obstante, añade, eso podría llevar a la “eliminación indiscriminada de contenidos legítimos que están protegidos por el derecho humano a la libertad de expresión”.
Ampliar las libertades informativas nos ha llevado años de luchas en México y si bien hay aspectos que se deben analizar y, eventualmente, legislar para mejorar el uso de plataformas de este tipo, no es con leyes que acoten la libertad de las personas para expresarse y establezcan mecanismos de censura estatal como se podrá mejorar esta esfera pública fundamental en la vida contemporánea. Por esta razón, toda iniciativa de legislación debe estar construida con debate amplio y plural que incluya a especialistas, a las propias empresas y a la sociedad civil.