Tras el asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, madre que buscaba a su hija Betzabé Alvarado Gallardo, quien desapareció a principios de 2021, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lamentó este hecho y pidió a las autoridades justicia.
Blanca Esmeralda se encontraba esperando el transporte público para ir a su trabajo y fue ahí donde hombres armados dispararon contra ella en siete ocasiones, quitándole la vida. Ante este asesinato, la ONU-DH reprobó que la víctima no haya recibido protección por parte de la Fiscalía, puesto que en varias ocasiones, ella había mencionado al presunto culpable de la desaparición de su hija.
A través de un comunicado, señalaron que se había proporcionado en diversas ocasiones, información relevante acerca de la desaparición de su hija Betzabé; sin embargo, las autoridades no hicieron un buen uso de la información para continuar con las investigaciones.
“A pesar del riesgo derivado de la denuncia y la información brindada a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Comisión Estatal de Búsqueda, así como la publicación el 27 de septiembre en un periódico local de señalamientos específicos sobre la presunta autoría de la desaparición de Betzabé Alvarado, la señora Gallardo no contaba con medidas de protección”, se lee en el comunicado.
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Por su parte, el representante de la ONU-DH en México, Guillermo Fernández-Maldonado, lamentó que esta muerte haya sido un recordatorio doloroso de lo vulnerable que están las familias de personas desaparecidas, las cuales, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, deben ellos buscar y pedir justicia.
Igualmente, apuntó que hoy más que nunca es indispensable que México tenga una estrategia efectiva de seguridad, en especial, para aquellas personas que buscan a sus seres queridos.
“Nos sumamos a las expresiones de la sociedad mexicana que considera inadmisible y contrario a sus valores que, tras la desaparición de un familiar, quienes exigen justicia y su localización con vida, tengan además que enfrentar agresiones, descalificaciones y, en algunos casos, asesinatos”.
Finalmente, la ONU-DH reiteró al gobierno de México que es “su obligación de prevenir y sancionar las acciones que criminalizan, intimidan, persiguen y estigmatizan a las personas desaparecidas, sus familiares o las personas que los acompañan”.