@lvelezi
El “linchamiento mediático” impulsado por el presidente López Obrador desde la “Mañanera” en contra del juez de distrito en materia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, por su decisión de suspender la reforma eléctrica, así como las iniciativas para modificar la Ley de Amparo preocupan por sus implicaciones políticas y porque confirman que el mandatario no está dispuesto a someterse a los controles democráticos que la Constitución establece.
En respuesta a las suspensiones otorgadas, el presidente acusó a Gómez Fierro y a otros miembros del Poder Judicial de estar al servicio de las empresas afectadas por la reforma, mientras que a los abogados que representan a los quejosos los calificó de “traidores a la patria”, dejando de lado que nuestro régimen constitucional establece mecanismos de defensa frente a las decisiones gubernamentales que son completamente legales y legítimos y también que distintos actores, incluidos algunos dentro del propio gobierno, habían advertido que las modificaciones en materia energética generarían un alud de amparos no sólo de empresas sino también de colectivos u organizaciones que sientan vulnerados sus derechos.
Los ataques presidenciales han provocado reacciones de rechazo tanto en el Poder Judicial como entre académicos, activistas, abogados, empresarios y partidos, por lo que se ha interpretado como un intento de amedrentar a los juzgadores e influir en sus decisiones violentando la autonomía judicial.
Por supuesto que el gobierno puede desplegar recursos para defender sus decisiones en los tribunales, pero no puede vulnerar con graves ataques sin ninguna prueba a los jueces, magistrados y ministros para obtener de ellos decisiones favorables. No debemos olvidar que la mayor autonomía del poder Judicial frente al Ejecutivo ha sido resultado de largas luchas sociales enmarcadas en el proceso de democratización de nuestro país.
En medio de esta pugna, Morena ha presentado en la Cámara de Diputados un par de iniciativas para reformar la Ley de Amparo y evitar, por un lado, que los jueces otorguen suspensiones en contra de leyes o resoluciones que “busquen fomentar la operación de empresas productivas del estado”, es decir de CFE y PEMEX, así como decisiones vinculadas con “la austeridad republicana” y, por otro, que la protección legal no proceda cuando se oponga a leyes que sean “en beneficio de la sociedad y de la nación”.
Es importante enfatizar que el amparo y la suspensión son recursos legales a los que las personas pueden recurrir para enfrentar decisiones del poder público que les parezcan ilegales o arbitrarias. Por lo tanto, limitar su concesión a partir de un argumento tan vago y amplio como el que una ley es benéfica socialmente puede dejar en la indefensión a la ciudadanía. Es innegable que todo grupo parlamentario argumenta que sus iniciativas son en beneficio de la sociedad, pero esto no necesariamente es cierto.
Los ataques y las iniciativas ponen de manifiesto la molestia que le genera al presidente que sus decisiones y proyectos sean obstaculizados a través de mecanismos legales y políticos.
Contrario a lo que piensa López Obrador, esto debería alegrarnos porque significa que hemos avanzado en la construcción de un régimen democrático que tiene contrapesos y cuenta con un marco legal para dirimir las diferencias. O ¿acaso ya olvidamos la época en donde las decisiones presidenciales no encontraban freno alguno y los poderes Legislativo y Judicial estaban prácticamente al servicio del Ejecutivo? De verdad queremos volver a esos tiempos. Si es así, no hemos aprendido nada.