@lvelezi
El proceso de vacunación representa un reto enorme para el gobierno mexicano cuando ayer llegamos a 166,200 fallecidos oficiales por covid y el manejo de la pandemia se ha calificado como uno de los peores a nivel mundial. Lamentablemente, la estrategia propuesta ha generado más dudas que certezas de que en 18 meses se logrará vacunar al 70% de la población mayor de 15 años para poder alcanzar la inmunidad de rebaño.
Las dudas y críticas giran en torno a dos aspectos: a) las decisiones plasmadas en la Política de vacunación contra el SARS-CoV-2 y b) el debilitamiento que en este gobierno ha sufrido la cadena de suministro de vacunas, a lo que se suma a la escasez y el acaparamiento de las mismas en el mundo. Llama la atención una centralización excesiva y una ausencia de mecanismos para apoyarse en los gobiernos subnacionales y en actores privados y sociales para poder agilizar el proceso.
La política, que fue presentada el 8 de diciembre, indica que el Grupo Técnico Asesor (GTAV) recomendó adoptar una estrategia enfocada en reducir las muertes, por lo que se optó por la edad como primer criterio de priorización de la inmunización, le siguen las comorbilidades personales; los grupos de atención prioritaria y el comportamiento de la epidemia.
Esta decisión es fundamental cuando, según el INEGI, la COVID se ha colocado ya como la segunda causa de muerte en México, sólo atrás de los padecimientos cardiacos, y se ha demostrado que las cifras de la Secretaría de Salud son menores de las reales debido a que muchas personas están muriendo en sus casas sin que se registre su contagio.
Por el contrario, se cuestiona que el gobierno haya decidido que iniciará la vacunación en zonas rurales dispersas y no en las urbanas, pues si bien es cierto que en las primeras puede haber una mayor ausencia de servicios básicos y de salud, en las segundas se concentra una gran cantidad de personas que viven hacinadas en áreas marginadas, sin acceso a agua potable y otros servicios y cuyo sustento es el comercio informal que carece de medidas sanitarias preventivas adecuadas. Cabe señalar que en el documento no hay mayor justificación del porqué de la decisión.
Asimismo, se cuestiona la decisión de utilizar a los llamados Siervos de la Nación a quienes algunos analistas consideran operadores políticos del gobierno para realizar la inmunización, cuando el sistema de vacunación mexicana estaba considerado uno de los mejores del mundo y las unidades médicas y los trabajadores de salud, apoyados por las fuerzas armadas, tienen experiencia en procesos de este tipo.
Por lo pronto, en este mes se deberá concluir la vacunación de un millón cien mil personas que constituyen el personal de salud de primera línea y también se inició con fallas el registro de adultos mayores. Sobre la primera meta se criticó la decisión del presidente López Obrador de vacunar a los maestros de Campeche para que regresen a clases presenciales con el argumento de que esa entidad lleva varias semanas en semáforo verde, cuando no se ha concluido la inmunización del personal de salud.
Si bien el documento señala que la situación epidemiológica local es un criterio de flexibilidad que permite eventualmente priorizar la inmunización por territorio u ocupación, no parece haber argumento que sostenga la decisión de destinar vacunas a los profesores de un estado con pocos contagios por encima de quienes atienden a los enfermos, especialmente cuando según Amnistía Internacional, nuestro país tiene la tasa de mortalidad de personal médico que atiende casos de COVID más alta del mundo. El criterio, que tampoco se ha aclarado, en todo caso parece más político que educativo pues los maestros han sido operadores eficaces en los procesos electorales y no podemos olvidar que se avecina uno muy importante para el presidente y su partido.
Finalmente, aun cuando el subsecretario Hugo López-Gatell, ha asegurado que se tienen contratadas 174 millones de dosis con lo que prácticamente se garantiza la inmunización de toda la población, la realidad es que la vacuna se ha convertido en un producto escaso y disputado en el mundo lo que podría dificultar el cumplimiento de los plazos para la entrega por parte de las farmacéuticas y con ello el periodo planteado se extendería.
Veremos si en efecto el gobierno logra vacunar a 93.6 millones de personas en poco más de 400 días, pero sin duda, esta deberá ser la primera prioridad del presidente para este 2021.