La reciente reforma judicial en México ha generado un intenso debate en torno al futuro del Poder Judicial y los desafíos que enfrenta ante una transformación estructural sin precedentes. Este cambio, que incluye la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular, ha sido analizado por académicos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), quienes han destacado los riesgos y oportunidades que conlleva esta reforma. En este contexto, expertos como Fernando Méndez Sánchez, Claudia Ramón Pérez y Mariana Durán Márquez han aportado sus perspectivas sobre los impactos de esta reforma en el sistema de justicia mexicano.
Un cambio histórico en el sistema judicial
Fernando Méndez Sánchez, Director de la Facultad de Derecho de la UPAEP, subrayó que esta reforma marca un antes y un después en la estructura del sistema judicial en México. “Nos encontramos ante una situación preocupante, no alarmante, pero que debe llamar la atención de toda la sociedad. Por primera vez viviremos un proceso de elección de jueces y magistrados a través del voto popular”, explicó. Este nuevo mecanismo electoral plantea dudas sobre la idoneidad de los candidatos, ya que existe el riesgo de que los cargos se definan por popularidad o campañas mediáticas, en lugar de basarse en la preparación y experiencia necesarias para impartir justicia de manera imparcial.
Méndez Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía para informarse sobre los perfiles de los candidatos y priorizar el conocimiento de la carrera judicial y la experiencia en derecho como criterios fundamentales para la elección de estos funcionarios. “El futuro del Poder Judicial está en juego, y la responsabilidad de proteger su independencia recae en todos nosotros”, enfatizó.
Riesgos para la independencia judicial
Claudia Ramón Pérez, profesora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP, abordó la reforma desde la perspectiva de la ciencia política, destacando que la elección de jueces mediante el voto popular podría comprometer la independencia judicial. “Cuando hablamos de la división de poderes, recordemos que su diseño original tenía como objetivo que el poder controle al poder. La autonomía del Poder Judicial es esencial para garantizar el equilibrio democrático”, afirmó.
Ramón Pérez señaló que el principal riesgo radica en que la elección de jueces se convierta en un ejercicio de popularidad, más que en un proceso basado en la capacitación y la trayectoria. Además, advirtió sobre la posible influencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales. “Si el crimen organizado ya ha interferido en otras elecciones, la posibilidad de que también lo haga en la elección de jueces y magistrados es latente. Esto podría comprometer aún más la impartición de justicia en nuestro país”, alertó.
Desafíos logísticos y técnicos
Mariana Durán Márquez, profesora de la Facultad de Derecho de la UPAEP, subrayó los retos logísticos y técnicos que implica este nuevo modelo de selección. “El diseño de las boletas electorales será complejo, ya que los ciudadanos tendrán que elegir entre numerosos candidatos en distintos niveles del Poder Judicial. Además, la difusión de los perfiles de los aspirantes será un gran desafío para garantizar un proceso transparente e informado”, afirmó.
Durán Márquez también expresó preocupación por la equidad en la campaña electoral de los candidatos. “Recientemente, el INE ha discutido la asignación de presupuestos diferenciados para los aspirantes. Esto podría traducirse en que quienes tengan mayores recursos económicos tendrán mayor capacidad de difusión, dejando en desventaja a aquellos con menos financiamiento, pero con más capacidad y experiencia“, explicó. Además, alertó sobre la posibilidad de una baja participación ciudadana en este proceso inédito, lo que podría prestarse a manipulaciones y distorsiones.
El Futuro del Poder Judicial en México
Los expertos coincidieron en que la reforma judicial y la elección popular de jueces y magistrados representan un desafío para el sistema democrático de México. La preocupación central radica en la posible pérdida de independencia del Poder Judicial y en los riesgos de politización del sistema de justicia. Además, la influencia del crimen organizado y los problemas logísticos en la organización de las elecciones también representan amenazas latentes.
Ante este panorama, los académicos de la UPAEP hicieron un llamado a la ciudadanía para informarse, analizar los perfiles de los candidatos y participar de manera activa en este proceso histórico. “El futuro del Poder Judicial está en juego, y la responsabilidad de proteger su independencia recae en todos nosotros”, enfatizaron.
Hacia un Sistema Judicial Más Inclusivo y Eficiente
Además de los desafíos mencionados, Mariana Durán Márquez destacó la necesidad de fortalecer el proceso de selección y evaluación de los funcionarios judiciales para asegurar que quienes ocupen estos puestos sean personas con la formación y experiencia necesarias. “No se trata solo de incluir más mujeres en el sistema, sino de garantizar que sean perfiles capacitados, con una visión incluyente y un alto sentido de justicia”, mencionó.
El futuro del Poder Judicial en México dependerá, en gran medida, de la capacidad de la sociedad para involucrarse activamente en su reforma, asegurando que se promueva la independencia judicial, la paridad de género y la eficiencia en la impartición de justicia. La elección de jueces y magistrados en 2025 representará una oportunidad clave para evaluar estos cambios y su impacto en el sistema de justicia mexicano.
Transparencia y Rendición de Cuentas
En este contexto, la transparencia y la rendición de cuentas juegan un papel fundamental en la construcción de un Poder Judicial confiable y legítimo. La implementación de mecanismos de evaluación y supervisión, así como la promoción de una cultura de legalidad y ética dentro de la judicatura, serán esenciales para que los ciudadanos recuperen la confianza en la impartición de justicia en México.
Finalmente, los expertos coincidieron en que el reto no solo radica en la paridad y en la elección de los jueces, sino en un cambio estructural más profundo que garantice que el Poder Judicial actúe de manera independiente, con criterios basados en la justicia y no en intereses políticos o económicos. La discusión sobre la reforma judicial debe centrarse en mejorar la administración de justicia, reducir la corrupción y garantizar el acceso equitativo a la justicia para todos los ciudadanos.
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