La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que a finales de la próxima semana se indemnizará con un millón 920 mil pesos a cada una de las familias de quienes fallecieron en el colapso de la trabe metálica la noche del 3 de mayo.
Al momento, cinco personas permanecen hospitalizadas y 101 fueron dadas de alta, en tanto, solo se ha presentado una renuncia de parte del gobierno capitalino: la de Florencia Serranía, a la dirección general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).
El comisionado, Armando Ocampo explicó que el monto determinado por la póliza del seguro contratado por el STC, que en un primer momento era de 325 mil pesos y pasó a 650 mil pesos, ahora aumentó a 870 mil; además de los 50 mil que les dieron en un inicio para sufragar los primeros gastos alimenticios y otros derivados de la muerte de su familiar.
Por parte de la CEAV, las autoridades determinaron indemnizar a esas 26 familias con un millón de pesos más, para sumar un total de un millón 920 mil pesos, como parte de la reparación del daño.
Ocampo informó que 23 de las 26 familias ya habían aceptado ese pago y que las tres restantes “se indemnizarán a través del Fondo de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y se va a resguardar y se podrá entregar en el momento que así lo consideren conveniente”.
En el caso de las personas lesionadas, se les dio una indemnización, “según las afectaciones, acorde a un dictamen en materia de salud”, aunque no mencionó la cantidad en pesos; solo dijo que se ha indemnizado a 82 familias, para dar un total de 108 familias.
Entre las familias que no han aceptado la indemnización se cuenta a la de Brandon Giovanni, el menor de 12 años cuya madre, Marisol Tapia, interpuso denuncias penales y administrativas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de la Contraloría General del gobierno capitalino, respectivamente.
Las denuncias señalaron como presuntos responsables a diversas autoridades, entre ellas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum; la ahora exdirectora del Metro, Florencia Serranía; y los exjefes de gobierno Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.
El jueves 1 de julio, Tapia y su defensa legal anunciaron que interpondrán una queja en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra las autoridades, por la presunta falta de atención del caso.
Además, el despacho Carbino Legal, representante de al menos 18 víctimas, anunció que prepara tres demandas: una administrativa por daño patrimonial que llevarán ante la Contraloría General, otra penal por homicidio y lesiones ante la FGJCDMX, y otra civil contra las empresas Carso, ICA y Alstom, constructoras de la Línea 12.