Un grave incidente de violencia ha conmocionado a la opinión pública en Colima, luego de que guardias de seguridad de una empresa subcontratada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) agredieran a un paciente dentro de las instalaciones del Hospital General de Zona No. 1 en Villa de Álvarez. El suceso, ocurrido el 6 de junio de 2025, ha desatado una ola de indignación y ha provocado una respuesta contundente por parte de las autoridades del IMSS, quienes ya iniciaron los trámites para romper el contrato con la compañía de seguridad involucrada.
Detalles de la agresión: Un paciente en busca de medicamentos
El lamentable episodio tuvo lugar el viernes 6 de junio en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Villa de Álvarez, Colima. Según los reportes y testimonios recabados, un derechohabiente de aproximadamente 50 años de edad acudió a la farmacia del hospital con la intención de solicitar un medicamento que, aparentemente, no había podido obtener en ocasiones previas. La situación escaló cuando el paciente comenzó a exigir explicaciones sobre la falta de su medicación.
En ese momento, guardias de seguridad intervinieron de manera violenta. De acuerdo con el relato de un testigo presencial, los elementos de seguridad comenzaron a golpear al hombre, llegando incluso a impactarlo en la cabeza con un termo de color rojo. El testigo narró que la golpiza continuó a pesar de las súplicas del paciente para que se detuvieran.
La agresión solo cesó cuando el hombre, víctima de los golpes, comenzó a convulsionar en el suelo, lo que alertó al personal médico. Tras el incidente, un médico acudió a auxiliar al paciente agredido, quien fue posteriormente trasladado en silla de ruedas a la sala de urgencias para recibir atención especializada. La brutalidad de la agresión fue tal que el suceso fue registrado en video, imágenes que circularon rápidamente y generaron la condena generalizada en redes sociales y medios de comunicación.
La empresa de seguridad implicada y la respuesta del IMSS
Las investigaciones iniciales confirmaron que los guardias de seguridad involucrados en la agresión pertenecían a la empresa Hidalgo Vigueras Consultores, S.A. de C.V., una compañía subcontratada por el IMSS para proveer servicios de seguridad en sus instalaciones.
Ante la gravedad de los hechos, la reacción del IMSS en Colima fue inmediata y enérgica. Fátima Borrego Pérez, titular de la Delegación del IMSS en Colima, emitió un comunicado oficial en el que expresó el “absoluto rechazo a cualquier acto de agresión o conducta que vulnere la dignidad o los derechos humanos dentro de sus instalaciones”.
La institución se deslindó de la empresa de seguridad, atribuyendo a Hidalgo Vigueras Consultores la responsabilidad directa por la golpiza al paciente. En una medida contundente, el IMSS anunció el inicio del proceso para la rescisión del contrato con la mencionada empresa de seguridad.
Adicionalmente, se informó que el Instituto no volverá a contratar compañías de seguridad “que no capaciten a su personal en derechos humanos”, sentando un precedente importante sobre la calidad y el perfil del personal de seguridad en sus hospitales.
Como medida preventiva y para garantizar la seguridad en el Hospital General de Zona No. 1, la seguridad de las instalaciones será asumida de manera temporal por Protección Federal, un organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Contexto de la solicitud de medicamentos y acciones institucionales
En relación con el motivo inicial de la disputa, el IMSS en Colima también emitió una postura sobre la situación del medicamento que el paciente solicitaba. La institución precisó que el medicamento en cuestión ya le había sido entregado al derechohabiente días antes en su unidad de medicina familiar. Explicaron que, debido a que el fármaco se encontraba fuera del cuadro básico de primer nivel, no podía ser dispensado por segunda vez en el mismo mes en el hospital.
El IMSS afirmó que su personal actuó conforme a los procedimientos institucionales en la dispensación de medicamentos y que, a pesar del incidente, se comprometió a brindar apoyo al paciente afectado. Asimismo, se indicó que se han iniciado los procedimientos internos para esclarecer los eventos y determinar las responsabilidades correspondientes, aunque el comunicado inicial no especificó acciones directas sobre posibles sanciones penales para el personal de seguridad involucrado.
Implicaciones y exigencia de justicia
Este lamentable suceso ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de revisar y fortalecer los protocolos de seguridad en los hospitales, así como la capacitación y supervisión del personal subcontratado. La agresión a un paciente dentro de una institución de salud, un lugar que debería ser sinónimo de atención y seguridad, es inaceptable y genera una profunda preocupación en la ciudadanía.
La difusión de las imágenes de la agresión ha avivado la exigencia de justicia para el paciente afectado y ha puesto el foco en la responsabilidad de las empresas de seguridad y de las instituciones que las contratan. Es fundamental que las autoridades competentes, más allá de la rescisión del contrato, profundicen en las investigaciones para deslindar responsabilidades penales y asegurar que los agresores enfrenten las consecuencias de sus actos.
La ciudadanía espera que este incidente sirva como un llamado de atención para garantizar que los derechos humanos de los pacientes sean respetados en todo momento y que las instituciones de salud sean espacios seguros y confiables para todos los derechohabientes.
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