Gobierno de Sheinbaum va contra pensiones “exorbitantes” en Pemex y Luz y Fuerza del Centro

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno está analizando la posibilidad de realizar cambios constitucionales para regular las pensiones que calificó como “exorbitantes” en empresas paraestatales como Pemex y la extinta Luz y Fuerza del Centro. La mandataria señaló que algunas de estas pensiones son “ofensivas para el pueblo de México”.

“Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay pensiones que son ofensivas para el pueblo de México, un millón de pesos, imagínense, mensuales”, dijo.

Pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Sheinbaum detalló los hallazgos presentados por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. Los datos revelan un escenario de privilegio en el sistema de pensiones de estas entidades:

  • Luz y Fuerza del Centro: El padrón de jubilados cuenta con 14,073 extrabajadores, a quienes se les paga un monto anual de 28,074 millones de pesos. De este grupo, 9,457 personas (67%) reciben una pensión mensual que oscila entre los 100,000 y 1 millón de pesos.
  • Pemex: La paraestatal tiene un padrón de 22,316 jubilados del régimen de confianza, con un pago anualizado de 24,844 millones de pesos. El informe revela que 544 de estas personas reciben una pensión superior al salario neto mensual de la presidenta, y en 618 casos, el monto de la pensión supera la percepción anual del director general de Pemex.

La presidenta calificó de inaceptable que algunos extrabajadores de Pemex y Luz y Fuerza reciban pensiones tan altas, llegando incluso a un millón de pesos mensuales, lo que contrasta con el salario y las condiciones de la mayoría de los trabajadores del país.

Un llamado a la equidad

El análisis del gobierno de Sheinbaum se centra en la necesidad de establecer un sistema de pensiones más equitativo y justo. La propuesta de reformas constitucionales busca poner fin a estos excesos y garantizar que los recursos públicos se administren de manera responsable y en beneficio de la mayoría de la población.

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