Las empresas de armas demandadas por México en un tribunal federal en Massachusetts argumentaron que las leyes estadunidenses los protegen de las acusaciones y que México no ha comprobado la violación de ninguna ley en el comercio legal de los armeros en Estados Unidos y por lo tanto solicitan que el juez deseche el caso por falta de mérito.
En sus respuestas tanto individuales y una conjunta a los argumentos legales presentados por México a favor de proceder a juicio, ocho fabricantes de armas reiteraron su posición de que el caso mexicano carece de mérito para proceder a juicio.
El juez F. Dennis Saylor IV del Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts ahora cuenta con un plazo de 45 días para formular su decisión sobre si el caso procede o es desechado.
En su respuesta conjunta de 40 cuartillas, los armeros reiteran su argumento de que este es un caso presentado en un tribunal en Boston por daños ocurridos en México, y que ningún de los demandados ha cometido ninguna violacion en el país vecino.
“Todos los acusados son empresas estadunidenses que el gobierno mexicano está tratando de responsabilizar por su conducta legal que ocurrió enteramente dentro de Estados Unidos, sobre la teoría de que algunos de sus productos llegaron de contrabando a México por criminales y usadas por otros criminales para cometer delitos allá”.
Eso, afirman, son actos de terceras partes que no tienen ninguna relación con las empresas y su comercio legal en Estados Unidos, y ni están presentes en este caso.
Los demandados también rechazan el argumento de que este caso debe proceder aplicando la ley mexicana en Estados Unidos. “A fin de cuentas, los derechos soberanos domésticos de Estados Unidos en regular como las armas de fuego deben ser fabricadas y vendidas en Estados Unidos pesan mucho más que los intereses remotos de México en regular la industria de armas de fuego estadunidense como una manera de mitigar los daños causados por criminales mexicanos en México”, afirman.
Una vez más señalaron que una ley estadunidense llamada Ley de Protección del Comercio Legal en Armas (PLCAA por sus siglas en ingles), la cual otorga amplia inmunidad legal a fabricantes, distribuidores y vendedores de armas, protege a estas empresas de demandas civiles como esta por el uso ilegal de sus productos en Estados Unidos. Subrayan que este caso “se trata de si empresas estadunidenses pueden ser responsabilizadas en un tribunal estadunidense por su conducta en Estados Unidos”, y que la PLCAA explícitamente protege las actividades legales de las empresas de armas.