Helena Monzón, hermana de la activista mexicoespañola Cecilia Monzón, asesinada el pasado 21 de mayo en Puebla, centro de México, denunció este miércoles a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que la están persiguiendo y pidió protección a las autoridades mexicanas.
“Nos están siguiendo en este momento, intentan probablemente asustarnos, aunque probablemente se trate de algo más”, dijo Helena Monzón, quien aparece en el video a bordo de un automóvil y, aunque habla en plural, se desconoce quién la acompaña.
Además, la mujer menciona que esta semana la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reveló la detención de Javier López Zavala, expareja de Monzón y excandidato a gobernador del estado en 2010.
“Entonces consideramos que nuestra vida está en peligro en este momento y lo digo al mundo porque necesitamos ayuda, necesitamos que el Gobierno actúe, que la Fiscalía nos proteja y que la justicia se imparta”, terminó Helena Monzón.
La hermana de Cecilia también denunció que habían sido retirados los carteles colocados en Puebla en los que se pedía justicia para la abogada y defensora de derechos humanos.
Esta semana también fueron detenidos el sobrino de López Zavala, identificado como Jaír “N”, y Silvestre “N” por ser los presuntos tripulantes de la motocicleta que persiguió a la activista.
El informe de la Fiscalía también expuso que Silvestre fue quien accionó una pistola, marca Pietro Berretta modelo 92 A1 de calibre 9 milímetros, con matrícula J78072Z, en seis ocasiones contra la víctima.
Tras la investigación, la Fiscalía informó ahora que se detectó que los sicarios se trasladaron a un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla, donde escondieron la motocicleta, la ropa y los cascos que portaban en el momento de los hechos.
López Zavala presuntamente proporcionó el vehículo y el arma de fuego y las autoridades creen que Jair recibió la pistola y la motocicleta de las propias manos de su tío.
El asesinato de Monzón, una reconocida defensora de derechos humanos y abogada de mujeres, ha despertado protestas de grupos feministas en México y la condena del Gobierno español, el Consejo de la Abogacía Catalana, la Unión Europea (UE) y de las Naciones Unidas.
La polémica ha crecido al revelarse que, días antes de su asesinato, la abogada fue a la fiscalía a demandar la pensión alimenticia al padre de su hijo, Javier López Zavala, secretario de Gobernación del estado en el mandato de Mario Marín en Puebla (2005-2011), acusado de operar una red de pederastia y torturar a la periodista que lo reveló, Lydia Cacho.