Para entender el enorme retroceso que la desaparición del INAI significaría para el derecho que todos los ciudadanos tenemos de conocer datos sobre el ejercicio del gobierno, el uso de los recursos públicos y la toma de decisiones que hacen los gobernantes, les contaré una breve historia.
Es la historia de la lucha que actores sociales, académicos y políticos han dado durante años para tener un marco jurídico e institucional que garantice esa prerrogativa fundamental que ha permitido conocer casos escandalosos de corrupción como La Casa Blanca de Peña Nieto o, bien, ha ayudado a personas a tener mejores condiciones de vida al contar con información para demandar y ejercer derechos básicos como a la salud o a la educación.
Recordar lo difícil que ha sido tener herramientas para obligar a los gobernantes a ser más transparentes y a informarnos sobre lo que hacen y cómo lo hacen es vital ahora que el presidente López Obrador ha anunciado su intención de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y a otros órganos autónomos y reguladores so pretexto de generar “ahorros presupuestales”. Por cierto, el argumento presidencial se cae cuando sabemos que el presupuesto de todos los órganos autónomos representa apenas 2.3% del presupuesto total del Gobierno Federal para este año y el del INAI un raquítico 0.01%.
Pero vuelvo a la historia: corría 1995 y una organización social llamada Alianza Cívica decidió “tomarle la palabra” al entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien en campaña y en el Plan Nacional de Desarrollo había ofrecido establecer medidas para hacer efectivo el derecho a la información, por lo que le enviaron dos cartas en las que invocando los derechos a la información y de petición reconocidos en los artículos 6° y 8° constitucionales, le solicitaban datos básicos como el organigrama y las funciones de todas las oficinas y asesores de la Presidencia; la forma cómo había ejercido el presupuesto; el ingreso mensual del presidente y las condiciones en las que haría pública su declaración patrimonial.
En ese entonces no había una ley de transparencia, pero el 8° constitucional establece que se deben contestar las peticiones hechas respetuosamente por los ciudadanos; no obstante, la Presidencia ignoró durante un año la solicitud de información, por lo que el 27 de marzo de 1996 Alianza Cívica interpuso un amparo, el 196/96, ante el Juzgado Quinto de Distrito en materia Administrativa. Después de un largo litigio, el juez, en un hecho histórico sin precedentes, otorgó el amparo y obligó a la Presidencia de la República a contestar la petición.
Hoy el sueldo de cualquier funcionario, el organigrama de las dependencias, la información presupuestal y hasta ciertos datos de la declaración patrimonial son públicos y deben estar en el portal de transparencia porque así lo establece la legislación de la materia. Vigilar que eso se cumpla es una de las tareas del INAI.
En el siguiente sexenio, el de la alternancia, un grupo de académicos y periodistas aglutinados en el llamado Grupo Oaxaca comprometieron al recién electo, Vicente Fox, para que el Congreso de la Unión aprobara la primera ley de transparencia del país, lo que se finalmente se logró en 2002. Esta legislación creó el IFAI antecedente del actual INAI, como órgano para garantizar la transparencia y el acceso a información pública. El INAI no entrega información, sino que recibe y resuelve recursos de revisión que son el mecanismo legal que las personas tienen cuando el sujeto obligado -por ejemplo, la presidencia- no le responde su pregunta, le niega o reserva la información -argumenta que no puede difundirla porque dañaría el interés público-. En otras palabras, el recurso de revisión es la herramienta con la que se impide que nos ignoren, como Zedillo ignoró a Alianza Cívica y el INAI es el órgano encargado de que esto no ocurra.
Regresando a la historia, poco le duró el gusto por la transparencia al primer presidente panista pues pronto se vio envuelto en un escándalo cuando la periodista Anabel Hernández con las herramientas de transparencia, entre ellas el Compranet, descubrió que en Los Pinos se habían adquirido toallas a precios desorbitantes. El Toallagate fue el primero de varios reportajes que, usando los instrumentos de transparencia, mostraron los excesos de Fox y de su esposa Martha Sahagún.
A partir de su aprobación tanto el marco jurídico como el órgano garante se han ido perfeccionando por la presión de organizaciones civiles y actores políticos y sociales. Nuestra legislación y el INAI como órgano garante están considerados entre los más avanzados del mundo según el Centre For Law and Democracy y Access Info Europe.
Por supuesto que pueden mejorarse, pero desaparecerlos y pretender que la Secretaría de la Función Pública, una dependencia del Ejecutivo cuyo titular es nombrado por el presidente en turno, asuma sus funciones es echar para atrás años de avances en materia de transparencia que han sido impulsados por luchas ciudadanas. Es importante señalar que la Constitución establece que el órgano garante del acceso a información y de la protección de datos debe ser autónomo y especializado en estas materias, la Función Pública no es ni lo uno ni lo otro.
En general, los órganos autónomos se crearon como parte del proceso de democratización de nuestro país con dos fines: mantener la independencia frente al gobierno en turno y que sus titulares -consejeros o comisionados- tuvieran una suerte de representación ciudadana por lo que estas instituciones se consideran redes transversales de rendición de cuentas.
Sin el INAI, no habríamos conocido casos de corrupción importantísimos que incluso influyeron en los resultados de la elección presidencial de 2018 tales como La Casa Blanca de Peña Nieto, la Estafa Maestra u Odebrecht, en cuyas investigaciones se hicieron decenas de solicitudes de información y se interpusieron recursos de revisión en los que el INAI ordenó la entrega de los datos. En este gobierno gracias a mecanismos de transparencia también nos hemos enterado de casos incómodos para el presidente, como los contratos que PEMEX otorgó a la empresa de su prima, Felipa Obrador Olán.
Desaparecer al INAI no ayudaría a resolver el problema presupuestal que tiene el gobierno pues el ahorro sería mínimo y sí sería un gravísimo retroceso democrático que implicaría la vuelta a los tiempos donde no había una institución capaz de ordenar a los gobernantes que proporcionaran información que, por definición, pertenece a los ciudadanos. Por eso, defendamos al INAI.