Julio César Morales.
En el marco de la reciente Marcha por el Orgullo Gay, colectivos y activistas de la comunidad LGBTTIQ+ alzaron la voz para exigir respeto, seguridad y un alto total a las agresiones por motivos de orientación sexual en el estado. La manifestación estuvo marcada por un fuerte reclamo político y la advertencia de un voto de castigo contra el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en los próximos comicios.
Alarma por agresiones permanentes en Puebla
Majo Flores, presidenta del colectivo APPS Derechos Humanos, condenó enérgicamente la reciente agresión física que sufrió un integrante de la comunidad en el municipio de Atlixco. La activista señaló que este no es un caso aislado, sino el reflejo de una problemática sistémica y violenta.
De acuerdo con los datos del colectivo APPS Derechos Humanos:
- Se registran, por lo menos, tres agresiones mensuales hacia personas de la comunidad.
- Prevalece un panorama de impunidad, ya que no existen castigos severos ni seguimiento real para los responsables de estos crímenes de odio.
“Desafortunadamente los ataques homofóbicos son permanentes”, lamentó Flores durante la movilización.
Acusan “simulación” de los gobiernos de izquierda
El reclamo de la comunidad gay no solo se dirigió a los agresores, sino también a las autoridades actuales. Flores acusó directamente a los gobiernos de izquierda de mantener una postura de “simulación” frente a la agenda de diversidad sexual.
Según la presidenta de APPS, aunque el discurso oficial de Morena se vende como inclusivo, en la realidad no existen políticas públicas reales ni efectivas enfocadas en proteger y garantizar los derechos del sector LGBTTIQ+.
La estrategia electoral: Voto de castigo en la elección intermedia
Ante la falta de respuestas institucionales y el incremento de la violencia, el colectivo advirtió que tomarán acciones contundentes desde las urnas.
La comunidad anunció que promoverá activamente un voto de castigo en la próxima elección intermedia. El objetivo de esta estrategia electoral es cerrarle el paso a perfiles políticos que utilicen las causas de la diversidad como bandera de campaña, pero que en la práctica no tengan la intención genuina de legislar ni proteger a la comunidad LGBTTIQ+.
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