La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ordenó una nueva investigación sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, luego de acreditar violaciones a los derechos humanos de Mario Aburto tras ser detenido. En marzo de 1994, el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional fue asesinado en un mitin en Lomas Taurina, Baja California. Tras lo sucedido, Mario Aburto fue detenido y encarcelado tras ser acusado como autor material del atentado.
Tras la revisión del caso, la CNDH acreditó que Mario Aburto Martínez fue víctima de tortura por parte de los agentes ministeriales que lo detuvieron y los trasladaron al penal del Altiplano en el Estado de México, así como por el propio personal médico y custodios del mismo centro penitenciario.
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Igualmente, se declaró como una violación a la integridad personal y trato digno la reclusión de Aburto en un penal que se encontraba lejos de sus familiares, derivado de su traslado del CEFERESO 12 ‘CPS- Guanajuato’. Tras descubrir esta situación, la CNDH estableció que la Fiscalía General de la República “deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima”.
“Estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine (y) aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado”, asegura la Comisión.
El motivo de esta nueva investigación es subsanar las deficiencias y esclarecer totalmente los hechos, los cuales permitan al Estado responder por sus actos a través de acciones de reconocimiento y reparación integral del daño. De la misma forma, buscan generar acciones y políticas de no repetición para que esta situación no ocurra de nuevo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado al titular de la FGR y al comisionado de Prevención y Readaptación Social reparar integralmente los daños al agraviado y a su familia en los términos de la Ley General de Víctimas; darlos de alta en el Registro Nacional de Víctimas y brindarles atención médica y psicológica, así como ayudar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control en la FGR y en la OADPRS contra los servidores públicos que se encuentran envueltos en esta situación.
Finalmente, dicha recomendación será remitida a la Cámara de Diputados para que se agregue a la investigación que hace la Comisión de la Verdad, la cual fue creada para esclarecer los hechos y determine lo que corresponde.